Gobierno presenta demandas para reclamar 18.000 hectáreas de tierra para pueblos étnicos en Nariño y Guaviare

El Gobierno nacional, a través de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), presentó demandas ante los juzgados especializados con el objetivo de reclamar un total de 18.384 hectáreas de tierra a favor de dos comunidades étnicas en Colombia: el Consejo Comunitario Esfuerzo Pescador, en Nariño, y el Resguardamiento Indígena Barranco Colorado, en Guaviare.

La URT reclama 8.916 hectáreas y 5.908 metros cuadrados para el Consejo Comunitario Esfuerzo Pescador, una comunidad afrocolombiana que ha sido afectada por el conflicto armado, el confinamiento y la restricción a la movilidad. 

Además, las afectaciones medioambientales que han puesto en riesgo la biodiversidad de la región también han tenido un impacto significativo.

Esta demanda busca beneficiar a 404 familias que han defendido su territorio ancestral desde 1901. La zona, considerada una de las más importantes del mundo para la conservación de ecosistemas de manglares, es también un sitio clave para la anidación de aves migratorias.

María Estefany Checa Narváez, directora territorial de la URT en Nariño, destacó que la demanda es un paso fundamental para la reparación de una comunidad que ha protegido su territorio durante generaciones.

El proceso contó con el apoyo del programa Colombia Transforma de Usaid y de la Misión de Verificación de la ONU.

Por otro lado, en el caso del Resguardo Indígena Barranco Colorado, ubicado en San José del Guaviare, la URT presentó una demanda para reclamar 9.468 hectáreas y 9.265 metros cuadrados en favor del pueblo Jiw, que ha sido víctima del desplazamiento, el reclutamiento forzado y las minas antipersona sembradas por grupos armados ilegales.

¿Qué se busca?

Esta acción busca no solo la reparación integral de la comunidad, sino también el restablecimiento de su autonomía, gobierno propio y derechos territoriales colectivos.

Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta y Guaviare, afirmó que esta demanda es clave para garantizar la recuperación de los derechos del pueblo Jiw y su entorno.

Además, se solicitó a la Fiscalía General de la Nación iniciar investigaciones sobre los hechos victimizantes mencionados en la demanda, con el objetivo de garantizar justicia para las comunidades afectadas.

Con estas acciones, el Gobierno reitera su compromiso con la reparación de las comunidades étnicas que han sido víctimas del despojo y el conflicto armado, protegiendo sus derechos territoriales y promoviendo la justicia social en las regiones más afectadas del país.