Minería ilegal amenaza la central hidroeléctrica Porce III de EPM

El incremento en el valor del oro ha provocado una nueva oleada de minería ilegal en los municipios de Anorí y Amalfi, lo que representa una grave amenaza para la central hidroeléctrica Porce III, la segunda más grande de Empresas Públicas de Medellín (EPM). En tan solo cuatro meses, una operación minera ilegal, ubicada a escasos metros de la zona de descarga de la hidroeléctrica, ha originado un jarillón, despertando temores de un represamiento que podría afectar la casa de máquinas de la central.

Aunque EPM ha sido cautelosa al señalar el origen de los mineros responsables, esta problemática ha vuelto a poner sobre la mesa el auge de la minería en el río Porce, situación que, hace más de una década, obligó a la empresa a abandonar la construcción de Porce IV.

La compañía ha expresado su preocupación y espera realizar en breve una operación controlada para desmontar el jarillón, evitando así una posible emergencia que afectaría no solo a Amalfi y Anorí, sino también a Nechí, El Bagre, Zaragoza y Caucasia. Sin embargo, el panorama para encontrar una solución definitiva sigue siendo incierto. A pesar de que EPM alertó sobre la situación a mediados de este mes, precisó que la minería ilegal se ha establecido en la zona desde octubre de 2024.

Según videos captados con drones, la operación minera ilegal se ha apoderado de una porción del río Porce y de predios de EPM. En la zona, se ha desplegado maquinaria pesada para remover y acumular material del lecho del río, aumentando el riesgo de un desastre ambiental y operativo.

La minería en el río Porce data de la fundación de municipios como Anorí y Amalfi en el siglo XIX. Durante generaciones, los habitantes de la región han dependido de la extracción de oro, inicialmente con técnicas tradicionales e informales. Sin embargo, desde la década de 1980, la minería creció en escala, utilizando dragas y retroexcavadoras, lo que aumentó su impacto ambiental y social.

Durante el fin de semana, el Ejército y la Fiscalía realizaron un operativo en la zona afectada, destruyendo la maquinaria utilizada en la minería ilegal y desmantelando el campamento minero. Ahora, EPM espera iniciar las maniobras necesarias para desmontar el jarillón y mitigar el riesgo para la infraestructura de la hidroeléctrica.

Foto: ARGOS