COP16 y la controversia de la información genética: justicia para las comunidades locales

En la COP16, uno de los debates más complejos se centra en la explotación y uso de las secuencias genéticas digitales (DSI, por sus siglas en inglés) de plantas y animales.

Muchas empresas y centros de investigación acceden a estas bases de datos genéticas con el propósito de desarrollar productos como medicinas, vacunas y variedades mejoradas de cultivos para generar grandes ganancias. Sin embargo, los pueblos indígenas y las comunidades locales, quienes han custodiado estas especies y ecosistemas por siglos, no se benefician de estos avances ni de las ganancias generadas.

Este debate busca una repartición más justa de los beneficios derivados del uso de la biodiversidad, que hasta ahora ha excluido a estas comunidades.

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La clave está en establecer un mecanismo multilateral, ya que identificar el origen exacto de una secuencia genética es difícil, debido a la similitud genética entre especies de diferentes países. Este mecanismo permitiría distribuir los beneficios tanto financieros como no monetarios, incluidos conocimientos y tecnologías, a las comunidades y países de origen.

El impacto de este debate podría transformar tanto la forma en que se producen productos a partir de la biodiversidad, como la financiación para la conservación.

Se estima que para 2030, las industrias que utilizan DSI generarán entre 1.560 y 2.300 millones de dólares anuales, recursos importantes para cumplir con las metas de biodiversidad global.

Además, las discusiones buscan asegurar que los centros de investigación compartan sus capacidades tecnológicas y científicas con los países en desarrollo, lo que podría tener un impacto más positivo que solo la repartición de beneficios económicos.