Gobierno Petro invertirá $23.000 millones en nueva plataforma pública de contratación

El Gobierno Nacional ha dado un paso clave hacia la modernización de la contratación pública en Colombia al destinar más de $23.000 millones para la creación de una nueva plataforma digital. Esta herramienta reemplazará el actual Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop I y II), que hasta ahora ha sido manejado por las empresas extranjeras Coupa (EE.UU.) y Vortal (Portugal). Con esta iniciativa, el presidente Gustavo Petro busca que el Estado colombiano tenga autonomía total sobre los datos y procesos de contratación, alineándose con su política de soberanía tecnológica.

El desarrollo de esta plataforma estará a cargo de una empresa que será seleccionada a través de un concurso de méritos, el cual está siendo liderado por Colombia Compra Eficiente, entidad que ha trabajado en conjunto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Según el cronograma, el contrato se firmará el 29 de abril de 2025, y el nuevo sistema deberá estar completamente operativo en diciembre del mismo año. La primera fase del proyecto estará enfocada exclusivamente en la contratación directa, que representa aproximadamente el 75 % de los procesos de contratación pública en el país.

Motivos detrás del cambio

El Gobierno ha justificado esta inversión no solo como una estrategia de independencia tecnológica, sino también como una forma de reducir los costos operativos del Secop, los cuales han ascendido a $127.000 millones en la última década, con un gasto anual de aproximadamente $24.000 millones solo en 2024. Actualmente, el software de contratación depende de empresas extranjeras, lo que impide que Colombia pueda realizar modificaciones de manera autónoma y encarece la implementación de nuevas funcionalidades.

El director de Colombia Compra Eficiente, Cristóbal Padilla, ha señalado que el Secop actual presenta múltiples deficiencias que afectan la eficiencia del sistema y la transparencia de los procesos. En la misma línea, el vicedirector Guillermo Buenaventura ha criticado duramente la situación actual, señalando que “todos hemos padecido las caídas del Secop” y que su tecnología es obsoleta, lo que complica la interlocución y dificulta la gestión de los contratos estatales.

Dudas y preocupaciones sobre el proyecto

A pesar de los argumentos a favor de esta nueva plataforma, algunos sectores han manifestado preocupaciones sobre la viabilidad del proyecto, especialmente por el corto plazo establecido para su implementación. Según el concejal de Bogotá Daniel Briceño, el tiempo proyectado para la creación del software es demasiado ajustado, y su puesta en marcha en diciembre de 2025 podría generar incertidumbre, ya que coincidirá con la época electoral y con la entrada en vigor de la Ley de Garantías, que restringe la contratación pública antes de las elecciones legislativas y presidenciales.

Otros críticos recuerdan casos recientes en los que el Gobierno ha intentado desarrollar plataformas tecnológicas propias con dificultades. Por ejemplo, la gestión de los pasaportes y las cédulas de extranjería, que fueron transferidas a Migración Colombia y la Imprenta Nacional, han tenido problemas técnicos en su implementación. Esto ha generado dudas sobre la capacidad del Gobierno para ejecutar de manera efectiva un proyecto tecnológico de esta magnitud en tan poco tiempo.

Un desafío clave para la contratación pública en Colombia

A pesar de las dudas, el director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, ha señalado que este proyecto debe verse como una iniciativa de Estado y no solo de un gobierno de turno. Destacó que, si bien es comprensible que haya preocupaciones sobre la independencia de la plataforma, lo importante es que se mantenga el enfoque técnico y no se convierta en un instrumento político.

Por ahora, el concurso para la adjudicación del contrato sigue abierto y, hasta el momento, no se han registrado empresas interesadas en desarrollar el software. En menos de dos meses, el Gobierno deberá seleccionar a la firma encargada de diseñar e implementar la plataforma que, según el presidente Petro, permitirá que el Estado tenga pleno control sobre la contratación pública y garantice la propiedad intelectual del sistema.