Gobierno en la mira por realizar transacciones millonarias para evitar crisis de plata en los colombianos

El debate sobre la sostenibilidad fiscal en Colombia ha tomado fuerza tras la actualización del Plan Financiero 2025. En el centro de la controversia está el uso de las Transacciones de Única Vez (TUV), un mecanismo contable que permite excluir ingresos y gastos extraordinarios del cálculo del déficit fiscal. Aunque su propósito es reflejar con mayor precisión la situación estructural de las finanzas públicas, el uso que el Gobierno les ha dado en 2024 ha generado cuestionamientos sobre su transparencia y efectos a largo plazo.

¿Qué son las TUV y por qué generan polémica?

Las TUV deberían aplicarse únicamente a eventos excepcionales, como desastres naturales o la venta de activos del Estado. Sin embargo, el Gobierno decidió clasificar la caída en el recaudo tributario como una TUV, lo que le permitió cumplir formalmente con la regla fiscal, pero generó dudas sobre la verdadera situación de las cuentas públicas.

El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advirtió que esta interpretación es cuestionada por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), ya que una reducción en el recaudo no es un evento extraordinario, sino el resultado de proyecciones demasiado optimistas. Sin las TUV, el déficit primario neto estructural habría sido del -1,8% del PIB, incumpliendo la meta establecida. No obstante, con su aplicación, el Gobierno logró reportar un déficit de -0,2% del PIB, dentro del margen permitido.

La postura del Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda ha defendido el uso de las TUV argumentando que su inclusión responde a criterios legales y técnicos. Explicó que el manejo de ingresos volátiles debe ajustarse a principios internacionales y que la caída en los ingresos por carbón, al no estar prevista dentro de la norma fiscal colombiana, se incluyó dentro de este mecanismo.

Además, un documento técnico del Ministerio sostiene que las TUV no se usaron para maquillar el cumplimiento de la regla fiscal, sino para corregir la distorsión causada por los ingresos extraordinarios de 2023 y su posterior reducción en 2024. En su opinión, sin este ajuste, la situación fiscal no reflejaría de manera precisa la capacidad real de financiamiento del país.

¿Un riesgo para la sostenibilidad fiscal?

El Observatorio Fiscal advierte que esta estrategia podría sentar un precedente riesgoso. Si en el futuro cualquier caída de ingresos se clasifica como TUV, se abriría la puerta para evitar reconocer déficits reales sin aplicar ajustes estructurales. Además, señalan que la caída del recaudo no se debe exclusivamente a los menores ingresos por carbón, por lo que solo debió ajustarse la porción correspondiente a este rubro y no todo el déficit.

Para 2025, la gran incógnita es si el Gobierno volverá a recurrir a este mecanismo para cumplir sus metas fiscales. Con un panorama económico aún desafiante, altos niveles de deuda y crecimiento moderado, la presión para encontrar soluciones rápidas seguirá latente. No obstante, si la estrategia se repite, podría enviar un mensaje preocupante sobre la credibilidad de las cuentas públicas y la confianza de los inversionistas en el manejo fiscal del país.