Contraloría detecta irregularidades por $4 mil millones en compra de “La Grosería” en el Cesar

La entidad advierte fallas técnicas, desconocimiento de ocupaciones y uso inadecuado de recursos destinados a la Reforma Rural Integral

La Contraloría General de la República reveló una serie de irregularidades en la compra del predio “La Grosería”, ubicado en Chimichagua, Cesar, por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Tras una auditoría, el organismo estableció un hallazgo administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria por $4.161 millones, al considerar que la adquisición del inmueble se realizó sin cumplir los requisitos técnicos y legales que exige la normatividad agraria.

Según el informe, el terreno estaba ocupado por varias familias en condición de invasión. Estas comunidades habían construido viviendas improvisadas dentro del predio, situación que además era conocida por la ANT antes de la compra. Existía incluso un acta de compromisos firmada entre entidades nacionales, autoridades locales, la Defensoría del Pueblo y organizaciones campesinas, en la que se reconocía la ocupación y se había acordado instalar una mesa de diálogo para buscar soluciones.

Aun así, la ANT avanzó en el proceso de compra sin verificar la situación jurídica ni el estado real del predio. Esto llevó a que se suspendieran operativos de desalojo, bajo la expectativa de que el inmueble sería adquirido por la entidad dentro de los procesos de la Reforma Rural Integral.

La auditoría también determinó que la mayor parte del terreno corresponde a suelos de clases agrológicas VII y VIII, catalogados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) como improductivos e inadecuados para actividades agrícolas, pecuarias o forestales. En otras palabras, el predio no tenía aptitud productiva ni cumplía los parámetros mínimos para ser incorporado al Fondo de Tierras.

Además, el análisis evidenció que la ANT no aplicó los criterios técnicos de selección establecidos en la Ley 160 de 1994 y el Decreto 1071 de 2015, que exigen validar la vocación del suelo y garantizar la libre disposición del bien antes de su adquisición.

En conjunto, la Contraloría concluyó que la compra generó un impacto negativo en la eficiencia técnica y económica del Fondo de Tierras. Esto se debe a que los recursos destinados a la Reforma Rural Integral terminaron invertidos en un predio sin capacidad productiva, con ocupación previa y sin condiciones para proyectos agropecuarios.

El organismo de control advirtió que las decisiones de la ANT no solo desconocieron la normatividad agraria, sino que también comprometieron dineros públicos que tienen como objetivo ampliar el acceso a la tierra para las comunidades rurales y cumplir los compromisos del Acuerdo de Paz.

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