Revelan presuntos nexos entre disidencias de Calarcá, un general del Ejército y un funcionario de inteligencia

Una serie de documentos incautados al jefe disidente Calarcá Córdoba destapó un posible entramado de relaciones entre integrantes del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) y altos funcionarios del Estado, incluido un general activo del Ejército y un directivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La información aparece en uno de los computadores recuperados durante el retén militar del 23 de julio en Anorí, Antioquia, donde fue capturado Calarcá junto a otros miembros de su estructura mientras se movilizaban en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Los archivos —chats, cartas, fotografías, correos y documentos internos de la Fuerza Pública— llevan más de un año en custodia de la Fiscalía, según reveló Noticias Caracol, sin avances judiciales visibles. El material permitiría reconstruir una presunta red de cooperación ilegal que habría facilitado la movilidad de la disidencia, el acceso a armas, información privilegiada y, eventualmente, la consolidación de una fachada empresarial para sus operaciones.

Una empresa de seguridad como fachada

Entre los elementos más sensibles aparece una propuesta atribuida al general (r) Juan Miguel Huertas, hoy reintegrado al Ejército y jefe del Comando de Personal —instancia con poder sobre nombramientos, retiros y traslados en la institución—. La propuesta plantearía la creación conjunta de una empresa de seguridad supuestamente legal que permitiría a la disidencia operar dentro del marco formal.

“El general dice que la montemos mitad y mitad, que él se consigue los permisos y que nosotros pongamos los muchachos y las armas”, se lee en una carta fechada el 8 de febrero de 2024. El escrito detalla que la compañía arrancaría con 20 hombres, con permisos escalonados: primero para armas cortas y luego para fusiles. También se mencionan los funcionarios que, según la comunicación, agilizarían los trámites.

Consultado por Noticias Caracol, Huertas negó categóricamente cualquier vínculo con la disidencia y afirmó que jamás se ha reunido con sus integrantes ni ha gestionado trámites para crear empresas de seguridad.

Un funcionario clave de la DNI

Los archivos también mencionan a Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, descrito por fuentes internas como un “poder en la sombra” dentro de esa entidad. Mejía aparece junto al general Huertas en las conversaciones sobre la eventual empresa fachada.

Un disidente entrevistado bajo anonimato aseguró que, por medio de Mejía y Huertas, obtuvieron información clasificada sobre operaciones de la Fuerza Pública en Antioquia, Catatumbo y el sur de Bolívar. Esa información habría permitido a la organización evadir controles, operativos y emboscadas.

En otra comunicación incautada se menciona la entrega de códigos de frecuencias radiales militares a los hombres de Calarcá, un hecho que, de confirmarse, constituiría una infiltración sin precedentes recientes en la seguridad del Estado.

Chats que mencionan a Iván Mordisco y la campaña presidencial

Los documentos también incluyen conversaciones en las que aparece Iván Mordisco, líder del Estado Mayor Central, organización que se distanció del grupo de Calarcá. En esos intercambios, Mordisco discute supuestas pruebas relacionadas con la campaña presidencial de 2022.

En un chat con Yeison Ojeda —alias Danilo Alvizú, quien actualmente figura como representante de la mesa de diálogos con el Gobierno— Mordisco escribe: “Todo se hizo a través de Francia Márquez. Ahí tienen para que analicen sin fatigarse, con cabeza fría, mano”.

En otro mensaje afirma: “Yo tengo ganas de tumbar a Petro… Con otra declaración y las pruebas de los acuerdos que tenía en campaña el finado Mayimbú lo tumbamos. Esas pruebas están”.

La vicepresidenta Márquez respondió al noticiero que su campaña fue “genuina y transparente” y que nunca ha tenido contacto con criminales. Noticias Caracol aclaró que no tuvo acceso directo a las supuestas pruebas, solo a las conversaciones donde se mencionan.

El empresario chino y su presencia en campamentos insurgentes

A este entramado se suma la figura de un ciudadano chino identificado como Jixing Xhang, fotografiado en campamentos insurgentes de Catatumbo, Caquetá y sur de Bolívar. Según las comunicaciones recuperadas, Xhang ofrecía inversiones agrícolas, participaba en talleres de armas y facilitaba la compra de equipos industriales y armamento de origen chino.

Habitantes de las zonas donde operan estas disidencias confirmaron al noticiero que el hombre se presentó como empresario interesado en proyectos comunitarios.

Antecedentes y contexto: una DNI bajo cuestionamiento

No es la primera vez que la Dirección Nacional de Inteligencia aparece relacionada con polémicas en torno al EMBF. En mayo, la Fiscalía capturó con fines de extradición a Willinton Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, del Frente 33. Aunque debía ser recluido en La Picota, permaneció 55 días en un apartamento en Bogotá custodiado por la DNI, entidad que no tiene funciones de policía judicial.

El proceso de paz sigue en curso

La captura de Calarcá Córdoba ocurrió mientras el Gobierno mantenía diálogos con su estructura. Si bien algunos integrantes del EMBF tenían autorización para movilizarse en vehículos de la UNP por su participación en la mesa, dentro de la camioneta había personas con órdenes de captura vigentes, lo que detonó un choque jurídico y político.

A pesar de la controversia, el proceso avanzó: el pasado viernes concluyó el séptimo ciclo de negociaciones con acuerdos sobre no reclutamiento de menores, acceso a tierras y garantías electorales de cara a 2026. En este ciclo participó también John Mechas, comandante del Frente 33 requerido por Estados Unidos.

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