El “préstamo” de $3.684 millones que tiene enredado a Armando Benedetti y provocó el allanamiento a su casa

La Corte Suprema lo investiga por un supuesto soborno cuando era senador; el ministro asegura que todo fue un préstamo y que es víctima de persecución judicial.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, enfrenta una nueva controversia judicial tras el allanamiento a su residencia en Lagos del Caujaral, en Puerto Colombia (Atlántico), ordenado por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana.

La diligencia, que generó una fuerte reacción del alto funcionario, se relaciona con un presunto soborno de $3.684 millones, dinero que habría recibido durante su etapa como senador y que, según el expediente, habría sido utilizado para la compra de su vivienda actual.

El proceso judicial comenzó en junio de 2024, cuando Lombana emitió un auto en el que planteó la existencia de una presunta organización criminal entre Benedetti y el empresario Euclides Torres, con el fin de beneficiar económicamente a este último.

Según el documento, Benedetti presentó en 2010 el Proyecto de Ley 165, que establecía la obligatoriedad de un certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego en las empresas de vigilancia y seguridad privada.

De acuerdo con la investigación, de las 41 compañías habilitadas para otorgar esa certificación, 30 pertenecerían a una sociedad vinculada al entorno empresarial de Torres, lo que habría representado un beneficio directo derivado de la gestión legislativa del entonces senador.

Un “préstamo”, no un soborno

El punto central del caso es un pago por $3.684 millones, que la magistrada considera un posible soborno, pero que Benedetti insiste en catalogar como un préstamo personal.

“Creo que sí es el caso, pero no es un caso que ella pueda investigar (…). Sobre ese préstamo ya se va a devolver la casa”, dijo el ministro, al tiempo que cuestionó la competencia de Lombana para adelantar el proceso.

Benedetti aseguró que la magistrada ha sido recusada en dos ocasiones por la Sala de Instrucción, y la acusó de tener un interés personal en su contra. Además, desestimó las pruebas del supuesto soborno y aseguró que “no hay transacción, no hay cuenta, no hay evidencia de un delito”.

Cruce de acusaciones y respaldo político

Las tensiones escalaron luego de que Benedetti calificara públicamente a la magistrada Lombana de “loca, enferma, delincuente y criminal”, tras la diligencia judicial.

Estas declaraciones provocaron fuertes críticas de distintos sectores, que lo acusaron de vulnerar la independencia judicial. El exsecretario de Transparencia, Camilo Enciso, interpuso una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, solicitando su suspensión por presunta obstrucción a la justicia y violación del principio de separación de poderes.

Pese a las críticas, Benedetti recibió el respaldo del presidente Gustavo Petro, quien calificó el allanamiento como “ilegal” y lo describió como un “secuestro a la familia”.

No obstante, la Procuraduría abrió una indagación preliminar para determinar si el ministro vulneró la normatividad vigente, mientras que la Corte Suprema de Justicia le hizo un llamado a respetar las decisiones de la Sala de Instrucción.

Benedetti, por su parte, anunció que presentará acciones legales internacionales contra la magistrada y reiteró que lo suyo no es un caso de corrupción sino una persecución judicial.

El proceso continúa abierto y promete convertirse en uno de los episodios más controversiales y mediáticos del actual Gobierno, en medio de un ambiente de creciente tensión entre los poderes Ejecutivo y Judicial.

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