Procuraduría indagará posibles irregularidades en obras de reconstrucción en Mocoa

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación contra Olmedo López y Eduardo José González, exdirectores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), así como contra otros funcionarios, por supuestas irregularidades en la ejecución de obras para la reconstrucción de Mocoa, Putumayo. 

Las obras, con una inversión superior a los $185 mil millones provenientes del sistema general de regalías, forman parte del Plan de Acción Específico implementado tras un decreto de calamidad pública expedido en el 2021.

Los funcionarios investigados incluyen a Gerardo Jaramillo, secretario general del Gestión de Riesgo, Rocío Rivera, vicepresidenta jurídica de Fiduprevisora, y Luis Alexander Mejía y Rosa Edilma Agreda, directivos de Corpoamazonía. Además, serán investigados Diego Fajardo, Jámirsón Cuellar, Héctor Adrada y Jairo Granados, representantes legales de cuatro entidades interventoras de las obras.

El Ministerio Público, al revisar 18 contratos del plan de reconstrucción, encontró posibles retrasos en la ejecución, problemas en la contratación de personal para la supervisión y mal manejo de recursos. 

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Durante la etapa de preinversión, detectaron deficiencias en estudios, diseños y presupuestos en cuatro de las obras. En la etapa de ejecución, descubrieron irregularidades técnicas no consideradas, construcciones en áreas ambientales sin permisos adecuados y trámites ambientales fuera de tiempo.

Además, según la entidad, una irregularidad notable fue la asignación de recursos para actividades no relacionadas con los proyectos de construcción, como un viaje de ocho días a San Andrés y Providencia para supervisar actividades relacionadas con el huracán Iota y una asesoría ambiental para la reconstrucción de Mocoa.

La Procuraduría solicitó copia de los 17 contratos de obra e interventoría firmados por la Ungrd, así como los contratos para el viaje a San Andrés y la asesoría ambiental, junto con sus Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y soportes de ejecución. 

También requieren una certificación actualizada sobre el avance real de las obras contratadas para mitigar el riesgo en Mocoa.