Tribunal ratifica suspensión del Muelle 13 en Buenaventura

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó este 12 de marzo la decisión de suspender las operaciones en el Muelle 13 de Buenaventura, al rechazar, en segunda instancia, la solicitud presentada por Ventura Group para revocar la medida tomada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Esta decisión, que abre un nuevo capítulo en la controversia, ha generado debate y tensión entre diversos actores políticos y económicos.

La ANLA había ordenado la suspensión de operaciones en el Muelle 13 debido a preocupaciones sobre el cumplimiento de los requisitos ambientales, tras identificar potenciales vectores contaminantes en el área. La entidad asumió el control ambiental del muelle con el objetivo de garantizar que la operación cumpla con las normativas vigentes de protección y control ambiental. De acuerdo con la ANLA, la medida fue tomada por la falta de claridad en las condiciones ambientales y la necesidad de implementar medidas correctivas.

La defensa de Ventura Group, empresa vinculada al Muelle 13, argumentó que la ANLA carecía de competencias para ordenar la paralización de las actividades y que dicha decisión debía recaer sobre el Establecimiento Público Ambiental (EPA) de Buenaventura. Sin embargo, el Tribunal concluyó que la tutela no era un mecanismo adecuado para cuestionar la resolución de la ANLA y que la medida de suspensión debía mantenerse. Según el tribunal, no se encontraron fundamentos legales que justificaran la revocatoria de la decisión.

El Muelle 13, considerado uno de los puntos logísticos más importantes de Buenaventura, se ha convertido en el centro de una disputa que involucra no solo a las autoridades ambientales y políticas, sino también a los pescadores artesanales locales. El Gobierno, encabezado por el presidente Gustavo Petro, ha propuesto que los pescadores sean los encargados de administrar el muelle de forma más sostenible, buscando reducir el impacto ambiental en la zona.

Este conflicto ha sido fuente de controversia debido a la situación económica que ha generado la suspensión de actividades, lo que ha causado pérdidas millonarias, estimadas en hasta US$40,000, afectando tanto a la economía local como a la nacional. Además, el tema ha sido politizado, con críticas al manejo de concesiones y a la falta de claridad en la administración del espacio.

La ANLA, en una inspección reciente al muelle, reportó la presencia de palomas sobre cereales almacenados en una de las bodegas, lo que evidenció problemas adicionales en las condiciones sanitarias del lugar.

La resolución del Tribunal deja en firme la suspensión de operaciones en el Muelle 13, mientras la disputa continúa, con actores como los pescadores artesanales, sectores políticos y empresariales, todos interesados en definir el futuro del muelle y su administración.