Paloma Valencia denunciada por injuria y calumnia contra testigo de Uribe

La Corte Suprema de Justicia recibió una denuncia formal contra la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, quien es acusada de emitir declaraciones injuriosas y calumniosas en redes sociales contra Deyanira Gómez, ex pareja de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La denuncia, presentada por el abogado Miguel Ángel del Río, asegura que las declaraciones realizadas el 3 de marzo de 2025 en la cuenta oficial de la congresista en la red social X, afectaron directamente la honra y el buen nombre de Gómez, quien según el abogado, fue injustamente vinculada a actividades criminales sin pruebas. En particular, Valencia habría sugerido que Gómez tenía «vínculos criminales» con las FARC, lo que, según la demanda, constituye una imputación falsa que podría dañar irremediablemente su reputación.

La denuncia se basa en los delitos de injuria y calumnia, de acuerdo con los artículos 220 y 221 del Código Penal colombiano. Además, se señalan agravantes por el uso de un medio de comunicación masivo, como lo es la red social, lo que amplificó el impacto de las declaraciones. El abogado defensor de Gómez, del Río, subraya que las afirmaciones de la senadora fueron realizadas con evidente desinformación, lo que agrava aún más la situación.

Por el momento, no se ha recibido una respuesta oficial de la senadora Valencia, quien se enfrenta a un proceso legal que podría tener implicaciones tanto en el ámbito político como judicial. La Corte Suprema, a través de su Sala Especial de Instrucción, deberá decidir si procede con la investigación y si existen elementos suficientes para abrir un juicio formal.

Este caso podría sentar un importante precedente en la regulación del discurso político en Colombia, especialmente en cuanto al uso de las redes sociales por parte de figuras públicas. Las declaraciones de Valencia podrían ser consideradas un abuso de su posición como congresista, si se determina que vulneraron los derechos fundamentales de Gómez.

La Corte Suprema tomará la decisión final, la cual será clave no solo para la política colombiana, sino también para el futuro de la ética digital y la responsabilidad en el ejercicio de la libertad de expresión.