¿Puede aspirar al Congreso? La polémica alrededor de Laura Daniela Beltrán Palomares (‘Lalis’) y su contrato vigente en la Cancillería de Colombia

La influenciadora política Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida en redes como “Lalis”, se encuentra envuelta en una controversia que pone en vilo su aspiración a curul en la Cámara de Representantes de Colombia por Bogotá. En una entrevista reciente aseguró haber renunciado a su contrato con la Cancillería para dedicarse de lleno a la campaña del Pacto Histórico; sin embargo, un documento oficial de la entidad revela que dicho contrato —el N.º 264-2025 suscrito el 12 de marzo de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025— sigue vigente al momento de la comunicación.

La diferencia entre lo declarado por Lalis y lo que consta en la entidad pública genera dos líneas de reflexión: la primera, acerca de la veracidad de sus afirmaciones; la segunda, respecto de las consecuencias legales-electorales de mantener un vínculo contractual con el Estado mientras se prepara una campaña política.

Desde una perspectiva jurídica, el abogado Germán Calderón España advierte que, dados los términos del artículo 179 numeral 3 de la Constitución, quien haya celebrado contratos con entidades públicas en los seis meses anteriores a las elecciones corre el riesgo de estar inhabilitado para aspirar. En este caso, la vigencia del contrato de Lalis hasta diciembre de 2025 colocaría el inicio de su campaña en un lapso en el cual dicha inhabilidad podría aplicarse.

Por su parte, Lalis sostiene que presentó la carta de terminación de contrato y que el trámite aún no ha sido efectivo por razones internas de la Cancillería. Esto plantea un escenario de disputa: ¿una irregularidad de trámite o una declaración inconsistente de la aspirante? Y más importante aún: ¿cuál será la postura del órgano electoral si la aspiredente mantiene oficialmente su vínculo con el Estado?

Más allá de lo legal, el caso abre un debate político de fondo: si figuras con fuerte presencia digital, que combinan roles de influenciadores y aspirantes políticas, pueden contraponerse o confluir con normas tradicionales de inhabilidad y control sobre contratación pública. Esto implica una tensión entre modernidad en el activismo digital y las garantías institucionales clásicas.

En última instancia, el desenlace no solo afectará la posible candidatura de Lalis, sino que también servirá como barómetro para cómo el sistema democrático colombiano está adaptando sus reglas frente a nuevos actores políticos-influenciadores.

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