Procuraduría cuestiona al Mindefensa por falta de acción ante el plan pistola

La Procuraduría General de la Nación ha emitido un llamado de atención al Ministerio de Defensa, cuestionando la eficacia de las medidas implementadas para proteger a los miembros de la Fuerza Pública frente a la creciente amenaza del denominado “plan pistola”. Este plan, atribuido a grupos armados como el Clan del Golfo y el ELN, ha resultado en la muerte de al menos 25 uniformados en las últimas semanas.

En un oficio dirigido al ministro Pedro Sánchez, el procurador delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Samuel Arrieta, expresó que las acciones adoptadas hasta el momento no han sido “oportunas” ni “suficientes” para mitigar la amenaza sistemática contra la integridad de los miembros de la Fuerza Pública. Arrieta instó a una revisión urgente y técnica de las estrategias actuales, enfatizando la necesidad de medidas proactivas y ajustadas a la realidad operativa del país.

Entre las recomendaciones, se destaca la evaluación y fortalecimiento de los protocolos de autoprotección, especialmente para el personal operativo y básico. Además, se sugiere la creación de un grupo especial de reacción inmediata que integre esfuerzos de la Fiscalía, la Policía y el Ejército, con el objetivo de investigar y contrarrestar eficazmente los ataques dirigidos contra los uniformados.

La Procuraduría también propone el despliegue de unidades móviles de seguridad en municipios con presencia confirmada de estructuras armadas ilegales, priorizando aquellos con antecedentes de ataques sistemáticos o señalados en alertas tempranas de riesgo. Esta medida busca fortalecer la presencia institucional y prevenir nuevas afectaciones a la seguridad y los derechos de la población.

Finalmente, se solicita al Ministerio de Defensa la presentación, en un plazo no mayor a tres días, de un plan de acción específico que incluya metas verificables y un cronograma detallado de implementación. Asimismo, se requiere el envío de informes mensuales que evidencien avances concretos en la protección de la vida e integridad del personal de la Fuerza Pública.

Este pronunciamiento de la Procuraduría refleja la creciente preocupación por la seguridad de los uniformados y la necesidad de acciones más contundentes y coordinadas para enfrentar la violencia ejercida por grupos armados ilegales en diversas regiones del país.