Fieles del mundo conmemoran apariciòn de la virgen de Fátima

El 13 de mayo de 2025, la ciudadana Estefanía Orozco Torres presentó una denuncia penal contra Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), por presuntos delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. La denuncia surge a raíz de la controversia generada por la publicación del Decreto 0499 de 2025 en el Diario Oficial, el cual designaba al ministro del Interior, Armando Benedetti, como presidente encargado durante el viaje del presidente Gustavo Petro a China, programado del 10 al 17 de mayo.

Según la denuncia, el decreto fue firmado por el presidente Petro, pero posteriormente él mismo desmintió su contenido a través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter), afirmando que su intención era delegar las funciones presidenciales en el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, como ha sido habitual en ocasiones anteriores. La ciudadana denunciante argumenta que el presidente habría sido engañado respecto al contenido del decreto.

La denuncia también señala que, para legitimar la designación de Benedetti, se habría incluido una certificación ideológicamente falsa que lo acreditaba como miembro del movimiento político del presidente, requisito esencial conforme a normas internas y jurisprudencia constitucional. Benedetti ha declarado que considera formar parte del partido Colombia Humana desde sus inicios, pero desconoce si existen registros formales de su afiliación.

La directora del DAPRE, Angie Rodríguez, como responsable de verificar la autenticidad de los documentos y la voluntad presidencial, tenía la obligación legal de asegurarse de la legalidad del procedimiento. La denuncia sostiene que Rodríguez no cumplió con esta responsabilidad, lo que habría permitido la publicación de un decreto que no reflejaba la verdadera intención del presidente.

Este incidente ha generado una crisis política en el gobierno, evidenciando tensiones internas y cuestionamientos sobre la transparencia en la toma de decisiones. La Fiscalía General de la Nación deberá investigar los hechos para determinar si existen responsabilidades penales por parte de los funcionarios involucrados