Millonario contrato electoral sigue generando polémica 

En una decisión que marca un hito, la Registraduría Nacional del Estado Civil adjudicó un contrato cercano a los $2,1 billones a la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026 —liderada por Thomas Greg & Sons— para encargarse de la logística, tecnológica, informática y operativa de las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026. El acto administrativo 8135 fue firmado el 9 de julio de 2025 por Sabina Cajiao, gerente administrativa y financiera del organismo.

Este proceso comenzó con un llamado a licitación el pasado 28 de mayo (SA‑03‑2025 en Secop II), que inicialmente despertó el interés de diez empresas, entre ellas Smartmatic, Servientrega, Cadena S.A. y Portes de Colombia. Sin embargo, para la fecha límite del 25 de junio, solo Thomas Greg presentó una oferta válida.

Varias de las firmas que se mostraron interesadas inicialmente presentaron objeciones a los pliegos. Servientrega, por ejemplo, solicitó una audiencia pública para salvaguardar la transparencia pero la Registraduría lo rechazó; además, propuso que se contratara por lotes separados, pero esta sugerencia no fue aceptada bajo el argumento de que un contrato integrado reduce riesgos y costos.

Cadena S.A. señaló que el diseño de la licitación favorecía claramente a Thomas Greg, quien ya ha sido proveedor electoral durante más de 20 años. Portes de Colombia se manifestó aún más directo, alegando que “es evidente que el único oferente con experiencia vigente era Thomas Greg” y cuestionó la lógica de llamar a participar si sólo uno cumplía con los requisitos.

Previo a la adjudicación formal, la Registraduría evaluó tres cotizaciones de mercado: Tigo UNE (solo comunicaciones), Smartmatic (sin desglose de costos) y Thomas Greg, que cumplió todos los requisitos. Su propuesta recibió 30 puntos sobre 59,75 en lo técnico y alcanzó la puntuación máxima en lo económico (25 de 25).

El contrato cubre 13 componentes esenciales del proceso, incluyendo inscripción de candidatos, kits electorales, biometría, infraestructura tecnológica y control de puestos de votación, así como la distribución nacional de formularios, actas, bolígrafos y códigos de barras para seguimiento.

El presidente Gustavo Petro ha manifestado públicamente su inquietud por la adjudicación, calificando el proceso como un «pliego amañado» y cuestionando la falta de garantías para auditar el software de escrutinio

. Desde la Registraduría, el registrador Hernán Penagos y el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, defendieron el procedimiento, asegurando que fue impecable, legal y acompañado por la Procuraduría y la Contraloría.

La decisión de avanzar con un único oferente genera diversos retos. Por un lado, se argumenta que la trayectoria de Thomas Greg garantiza continuidad y control. Por otro, algunos sectores advierten que una competencia efectiva hubiese reforzado la confianza ciudadana. Mientras tanto, la entidad electoral ha prometido transparentar los documentos, abrir el portal de seguimiento y asegurar acceso público a los resultados .

El contrato abarca no solo los comicios del Congreso y la Presidencia, sino también elecciones locales de juventud y consultas, abarcando todas las fases del proceso electoral. Resta por observar cómo avanzarán los entes de control y qué impacto tendrá esto en la percepción pública de la próxima jornada electoral.