Investigan a la DIAN por millonaria omisión fiscal

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar dirigida a servidores de la DIAN por la posible omisión en la gestión de cobro de una deuda fiscal millonaria correspondiente a los meses entre enero y mayo de 2024. Según la entidad, el monto no cobrado superaría los 12 billones de pesos, superando en más de 10 billones la meta presupuestal prevista para ese mismo periodo.

El déficit en la recaudación entre enero y abril de 2024 alcanzó casi 11 billones de pesos menos respecto a lo previsto y representó una caída del 10,3 %, una contracción no vista desde la crisis económica del año 2010. Este bajo desempeño, en contraste con las expectativas oficiales y los planes de recaudo que habían sido considerados más ambiciosos para 2024, alertó a la Procuraduría.

El Ministerio Público, además de consultar cifras oficiales, revisará si hubo factores vinculados al entorno económico nacional que hubieran influido en el resultado, aunque las cifras parecen reflejar un desempeño anómalo incluso tras ajustes económicos y fiscales .

Como parte de la investigación, se evaluará si los funcionarios adoptaron las actuaciones necesarias según la ley, así como si incurrieron en conductas que constituyan faltas disciplinarias. También se indagará si existió dolo o negligencia por parte de los servidores al calcular y perseguir los montos adeudados. La Procuraduría ya solicitó pruebas que permitan esclarecer si hubo incidencias administrativas relacionadas con el incumplimiento de las metas tributarias .

Este proceso se suma a otros controles desplegados sobre la DIAN. Por ejemplo, la Contraloría también realizó auditorías hacia principios de 2025, e incluso llevó a cabo una inspección física en una de las sedes de la DIAN para evaluar posibles fallas en su estructura administrativa y en la gestión de cobro de impuestos.

La apertura de la indagación tiene un alcance disciplinario, no penal, aunque de confirmarse que hubo negligencia grave o malversación, podrían generarse consecuencias más severas. De momento, se ha anunciado el ejercicio del debido proceso, incluyendo la recolección de documentos, informes de gestión, declaraciones de funcionarios y otras pruebas que determinen las responsabilidades correspondientes.