“La consulta sigue adelante”: Iván Cepeda tras reunión con Petro en la Casa de Nariño

Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero se reunieron este martes en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro y, al salir del encuentro, el senador radializó un mensaje de tranquilidad: “La consulta sigue adelante y la candidatura elegida va a la consulta del Frente Amplio en marzo de 2026”, escribió Cepeda en su cuenta de X, acompañado de una fotografía de los tres precandidatos en uno de los pasillos del palacio presidencial.

La declaración busca disipar la incertidumbre política tras una decisión judicial que, en los hechos, dejó sin base jurídica el proceso de inscripción abierto por el Pacto Histórico. El Tribunal Superior de Bogotá suspendió una medida previa que había permitido avanzar en la inscripción de aspirantes y, en un auto fechado el lunes, desestimó un recurso que pedía a la Registraduría Nacional del Estado Civil inscribir a los precandidatos para la consulta prevista el 26 de octubre. Ese fallo, según fuentes judiciales y políticas, convierte la inscripción en un acto sin sustento legal y coloca la convocatoria en una situación jurídica frágil.

El fallo judicial deja la consulta en entredicho

La consecuencia práctica del auto del Tribunal Superior es doble: por un lado, tres aspirantes —Cepeda, Corcho y Quintero— alcanzaron a formalizar su postulación mientras que seis aspirantes desistieron; por otro, la decisión abre una puerta a impugnaciones y recursos que pueden dilatar o incluso invalidar el cronograma del Pacto Histórico. El presidente Petro calificó públicamente el fallo como “un sabotaje a la democracia” y acusó a sectores de la derecha de intentar impedir que el movimiento actúe en la vida política legal del país.

El cuadro procesal reduce el margen de maniobra: con la inscripción sin respaldo jurídico, la Registraduría puede quedarse sin la potestad clara para organizar la votación; a su vez, los equipos jurídicos del Pacto Histórico deberán definir si acuden a instancias superiores —tutelas o recursos de apelación— para forzar la ejecución de la consulta en la fecha prevista. En ese escenario, Cepeda insistió en que la coalición mantendrá el cronograma y en que la consulta de octubre será el paso previo a la medición más amplia que el movimiento denomina “consulta del Frente Amplio” en marzo de 2026.

La tensión se inscribe en un contexto político más amplio: la tarea de unificar a las distintas expresiones de la izquierda —desde la Colombia Humana hasta sectores comunistas y del Polo— ha tenido tropiezos en lo organizativo y en lo legal; los fallos judiciales y las disputas internas sobre reglas de participación ponen en riesgo la ambición de llegar a 2026 con una sola candidatura consolidada.

Política y estrategia: próximas jugadas

Fuentes cercanas a las campañas consultadas por este despacho anticipan varias opciones sobre la mesa: recurrir a la Corte Superior para revocar la decisión, buscar un arreglo con la Registraduría que permita una inscripción condicionada o, en caso de que la vía judicial se cierre, optar por mecanismos alternativos (encuestas, acuerdos internos o ajustes en el calendario de la coalición). Mientras tanto, la campaña institucional del Pacto Histórico deberá equilibrar la presión jurídica con la necesidad política de no mostrar fracturas públicas que beneficien a la oposición.

La foto de los tres precandidatos con Petro —gesto que el oficialismo interpreta como señal de unidad— intenta contrarrestar la percepción de desorden. Sin embargo, analistas advierten que la legalidad del proceso será determinante: si la inscripción no encuentra pronto un respaldo jurídico firme, la convocatoria del 26 de octubre podría quedar convertida en un acto simbólico sin efectos prácticos para la definición del candidato único.

En lo inmediato, el país seguirá atento a movimientos en sede judicial y a anuncios de la Registraduría. Para el Pacto Histórico, la prioridad declarada es mantener la hoja de ruta: concluir la consulta interna en octubre y llevar al ganador a la instancia mayor que se definirá en marzo de 2026. Para la oposición y sectores críticos, el fallo del Tribunal Superior es un arma legal que podría reconfigurar la competencia interna de la izquierda en la antesala de la contienda presidencial.

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