Fiscalía imputará a exembajador Garcés por violencia y abuso

La Fiscalía General de la Nación ha solicitado formalmente la imputación de cargos contra Daniel Garcés Carabalí, exembajador colombiano en Ghana, por cuatro delitos graves que se investigarán ante un juzgado de Control de Garantías en Bogotá el próximo 13 de agosto de 2025.

Fue señalado inicialmente por su exesposa, Beatriz Josefina Niño Endara, quien lo acusó de violencia intrafamiliar física, psicológica y económica, además de la retención ilegal de sus dos hijos en Ghana tras un viaje a finales de diciembre de 2024, que debían regresar en enero de 2025. Según la denuncia, él no cumplió el compromiso original para el retorno de los menores.

Por estos hechos, la Fiscalía imputará a Garcés los siguientes delitos: violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, ejercicio arbitrario de la custodia de hijos menores y fraude procesal . Estos cargos reflejan la multiplicidad de denuncias en su contra, incluyendo asuntos de índole sexual, familiar y judicial.

El proceso penal arrancó formalmente cuando la Fiscalía asignó al fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia para liderar la investigación. Esta decisión fue impulsada por una tutela interpuesta por la presunta víctima, alertando sobre retrasos en la tramitación de su denuncia penal .

En medio del escándalo, Garcés fue removido de su posición diplomática: presentó su renuncia como embajador el 11 de marzo de 2025, cumpliendo una solicitud de la Cancillería. Posteriormente, fue vinculado a la Agencia Nacional de Tierras como director técnico en asuntos étnicos, lo que también generó controversia pública .

En su defensa, el exdiplomático asegura ser víctima de un “entrampamiento” y sostiene que actuó para proteger a sus hijos de posibles maltratos por parte de su madre. Alegó que pidió medidas de protección en Colombia y que obtuvo documentos legales que respaldaban su custodia temporal. También interpuso demandas contra su exesposa por injuria, calumnia y fraude procesal .

El entorno institucional también reaccionó: la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo han activado protocolos con enfoque de género para asegurar protección integral a la víctima, en línea con la legislación colombiana y los tratados internacionales ratificados.

En resumen, el caso contra Garcés Carabalí es de alta complejidad e implicaciones múltiples: desde violaciones de custodia y violencia familiar hasta delitos sexuales y procedimentales. La próxima audiencia del 13 de agosto marcará un punto clave en la definición judicial del proceso.