Carcel pára Cesar Marique por caso de UNGRD
Una juez penal de control de garantías dictó prisión preventiva para César Augusto Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien fuera cercano colaborador del presidente Gustavo Petro. La medida también abarca a otras siete personas por su presunta participación en el multimillonario fraude en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) .
Según la Fiscalía General, el entramado irregular implicó el direccionamiento de contratos por más de 100.000 millones de pesos (aproximadamente 24 millones de dólares), destinados principalmente a proyectos de acceso a agua potable en regiones vulnerables como La Guajira. Manrique habría tenido un rol central en la asignación de esos contratos y, según los testimonios clave, habría recibido cerca de 3.000 millones de pesos en sobornos vinculados al contrato para 40 carrotanques por valor de 29.000 millones de pesos. Se identificaron sobrecostos por al menos 13.164 millones, parte de los cuales habrían financiado las coimas .
La Fiscalía le imputó a Manrique delitos como concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, además de lavado de activos y falsedad documental . En la audiencia del 4 de junio de 2025, se le formalizaron estos cargos, sustentados en las declaraciones de los exfuncionarios Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes se acogieron a la justicia colaborando con detalles del esquema criminal.
Además de Manrique, fueron enviados a prisión preventiva otras siete personas vinculadas, entre las que se encuentran Edgar Eduardo Riveros Rey (abogado), su hija Ana María Riveros, la contratista Sonia Rocío Romero, representantes y jefes de ventas de la Corporación Mixta Yapurutú (Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo), así como el asesor Jorge Aristizábal Rodríguez y el contratista Óscar Enrique Cárdenas Angulo.
Este caso forma parte del mayor escándalo de corrupción del gobierno del presidente Petro, vinculando también a otros altos funcionarios como Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones, y exdirigentes como Carlos Ramón González del DAPRE y exministro de Hacienda Ricardo Bonilla.
El escándalo hizo alusión inicialmente al fracaso logístico de unos carrotanques comprados para La Guajira, que resultaron inoperantes, desencadenando investigaciones que revelaron una red política-criminal que desvió recursos por favores legislativos y contrataciones amañadas .
El proceso judicial continúa en curso, con apelaciones y posibles apelaciones sobre las medidas de aseguramiento. Se espera que instancias superiores revisen el fallo y determinen si la prisión preventiva se mantiene definitiva o si se dictan otras medidas judiciales en los próximos días .
Resumen clave en cifras:
- Contratos presuntamente direccionados por más de 100.000 millones COP.
- Sobreregulación de 13.164 millones COP en un contrato específico.
- Manrique habría recibido 3.000 millones COP en sobornos.
- Otros 7 implicados llegaron simultáneamente a prisión preventiva.
La gravedad del caso y la figura central de Manrique, ya condenado anteriormente en el caso de motos eléctricas en Bogotá (con sentencia de 10 años de prisión), refuerzan la magnitud del entramado y su impacto en la percepción de transparencia del gobierno actual



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