El Tribunal Superior de Bogotá rechaza la suspensión de detención domiciliaria de Álvaro Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá rechazó el 4 de agosto de 2025 la solicitud presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez para suspender provisionalmente la medida de detención domiciliaria que pesa sobre él. La solicitud había sido interpuesta por su abogado, Jaime Granados, quien argumentaba que la privación de libertad violaba los derechos fundamentales de Uribe, como la presunción de inocencia y el debido proceso.

El exmandatario había sido condenado en primera instancia por fraude procesal y soborno en actuación penal, y se encontraba bajo prisión domiciliaria desde la decisión de la jueza Sandra Liliana Heredia. Uribe solicitaba la suspensión de esta medida como parte de la acción de tutela que interponía para que se dejara sin efectos la orden judicial que lo afecta.

Sin embargo, el magistrado Leonel Rogeles Moreno, quien asumió el caso tras la recusación del magistrado Ramiro Riaño, determinó que no existían razones de urgencia, necesidad o afectación significativa a los derechos del exmandatario que justificaran suspender la medida cautelar de prisión domiciliaria. Rogeles destacó que no se advertía ninguna irregularidad grave que pudiera afectar los derechos fundamentales de Uribe, por lo que la decisión de la jueza Heredia debía seguir vigente.

“No se accede a la suspensión de la detención domiciliaria solicitada, ya que no se cumplen los estándares necesarios de urgencia que requiere la ley”, precisó el fallo. La defensa de Uribe había argumentado que la detención provisional durante el proceso era arbitraria, ya que, según ellos, afectaba la presunción de inocencia del exmandatario.

A pesar de esta derrota temporal, la defensa del expresidente ya adelantó que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, lo que llevará el proceso a nuevas instancias judiciales. Esta medida es una de las primeras en un juicio que tiene implicaciones históricas, ya que Uribe es el primer expresidente colombiano en ser condenado por la justicia ordinaria tras renunciar al fuero constitucional en 2020.

La decisión sobre la tutela no ha sido resuelta de fondo, por lo que el magistrado Riaño será el encargado de evaluar el caso en las próximas semanas. Además, se espera que la Corte Suprema se pronuncie en torno a la apelación interpuesta por la defensa.