El Ministerio de Salud propuso una resolución que endurece el control sobre los gestores farmacéuticos

En un nuevo paso hacia el fortalecimiento del sistema de salud en Colombia, el Ministerio de Salud ha revelado un proyecto de resolución que propone un marco regulatorio más estricto para los gestores farmacéuticos, actores esenciales en la cadena de suministro de medicamentos en el país. Empresas como Audifarma, Cruz Verde y otras entidades encargadas de almacenar, distribuir y entregar medicamentos a los pacientes se verán obligadas a cumplir con exigencias técnicas, operativas y financieras más rigurosas.

El documento, que ha sido puesto a disposición para comentarios públicos hasta el próximo 24 de abril, busca cerrar vacíos normativos que durante años han rodeado la figura de los gestores farmacéuticos. Aunque su papel ha sido clave en la entrega de tratamientos a millones de colombianos, su regulación específica se había aplazado por más de una década.

El proyecto responde a una preocupación que ya había sido planteada por la Superintendencia Nacional de Salud: pese a su rol central, los gestores farmacéuticos no estaban sometidos a controles específicos que garantizaran la calidad del servicio y el uso eficiente de los recursos públicos. Aunque la Ley 1966 de 2019 introdujo principios de gestión del riesgo aplicables a estos actores, la norma actual da un paso decisivo al establecer estándares concretos que deberán ser cumplidos para operar legalmente en el sistema.

Una distinción clave en la cadena del medicamento

El Ministerio de Salud parte por aclarar la diferencia entre dos figuras esenciales pero a menudo confundidas: los gestores farmacéuticos y los operadores logísticos de tecnologías en salud (OLTS).

Los primeros —que pueden ser personas naturales o jurídicas como farmacias, droguerías, cajas de compensación o establecimientos comerciales— se encargan directamente de la entrega de medicamentos a los usuarios, en cumplimiento de contratos con EPS o IPS. Esta actividad, conocida como dispensación ambulatoria, convierte a estas entidades en el rostro visible del sistema de salud para millones de ciudadanos.

En cambio, los operadores logísticos intervienen en otras fases de la cadena, como el almacenamiento, transporte o control de inventarios, sin interactuar directamente con el paciente. No obstante, si alguno de estos operadores comienza a entregar directamente medicamentos, automáticamente pasará a ser considerado gestor farmacéutico, debiendo cumplir con todas las exigencias adicionales que esto implica.

El borrador de resolución contempla un robusto paquete de requisitos operativos que transformarán la forma en que funcionan estas entidades. Para comenzar, deberán implementar indicadores de calidad —de estructura, proceso y resultado— que permitan medir y mejorar continuamente su gestión. Estos indicadores deberán tener fichas técnicas sustentadas en normativas vigentes o en evidencia científica actualizada.

Adicionalmente, los gestores estarán obligados a garantizar condiciones tecnológicas y científicas que aseguren un servicio seguro, eficiente y continuo. Esto incluye mantener inventarios suficientes de medicamentos y tecnologías en salud, contar con sistemas informáticos para la trazabilidad del stock, prever posibles desabastecimientos y tener listos planes de contingencia ante eventos inesperados como desastres naturales o interrupciones logísticas.

Una novedad relevante es que deberán informar periódicamente a las EPS (y demás entidades contratantes) sobre el estado de la entrega de medicamentos, reportando retrasos o incumplimientos en los tiempos estipulados.

Pero no solo deberán fortalecer su operación: también tendrán que demostrar solidez financiera. El proyecto exige que los gestores implementen un modelo de seguimiento con indicadores financieros divididos en tres categorías: respaldo patrimonial, liquidez y eficiencia operativa. Este modelo busca asegurar que las entidades no solo tengan capacidad técnica, sino también estabilidad económica para cumplir con sus obligaciones en el corto y mediano plazo.

Otro punto medular del proyecto es la creación del Registro de Gestores Farmacéuticos y Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud, donde deberán inscribirse todas las entidades que deseen operar en el sistema. Sin este registro, ningún gestor podrá firmar acuerdos de voluntades ni prestar servicios dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

La vigilancia del cumplimiento de estas disposiciones recaerá en dos frentes: la Superintendencia Nacional de Salud será responsable del control técnico, administrativo y financiero, mientras que las entidades territoriales —como las secretarías de salud— supervisarán el cumplimiento de las condiciones tecnológicas y científicas. Estas últimas también tendrán la tarea de mantener actualizado el registro y de realizar visitas, auditorías y seguimientos periódicos.

En caso de que se detecten incumplimientos durante las inspecciones, la entidad podrá ser sancionada e incluso perder su inscripción en el registro, lo que conllevaría su salida obligatoria de la red. En estos casos, las entidades contratantes tendrán un plazo de 30 días para reestructurar sus redes de prestación de servicios.

Finalmente, la norma establece que todas las empresas involucradas tendrán un plazo máximo de nueve meses para adaptarse a las nuevas exigencias, una vez se emita la resolución definitiva.

Esta iniciativa marca un giro importante en la política pública del sector salud, en un momento donde la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos cobran especial relevancia. Al elevar los estándares y clarificar las responsabilidades de los gestores farmacéuticos, el Ministerio busca no solo mejorar la calidad del servicio, sino también blindar el sistema contra prácticas ineficientes o inadecuadas que puedan afectar a los usuarios.

Queda ahora en manos de la ciudadanía, los expertos del sector y las entidades involucradas revisar el proyecto y presentar sus comentarios antes del 24 de abril, una oportunidad clave para afinar una regulación largamente esperada y fundamental para el futuro del sistema de salud colombiano.