Condenan a exconcejal por nexos con narcotráfico.

Una decisión judicial histórica sacudió a la región de Córdoba esta semana: Lewis Joel Acosta Soto, exconcejal de San Carlos, aceptó su culpabilidad en un pacto con la Fiscalía al reconocer que facilitó acciones ilícitas para el Clan del Golfo. Según el preacuerdo judicial, él brindó recursos logísticos y alertas a la estructura armada para atacar tanto a miembros de la Fuerza Pública como a civiles en el territorio local.

Este político fue condenado a cuatro años de prisión tras admitir que, desde su posición de poder, identificó víctimas potenciales —comerciantes o ciudadanos que no obedecían las directrices del grupo criminal— y coordinó la entrega de información estratégica sobre despliegues policiales. También operó como enlace financiero, moviendo dinero y transportes para la subestructura “Javier Yepes Cantero” vinculada al Clan del Golfo.

Además de la pena de cárcel, el exconcejal fue multado con 1.350 salarios mínimos, equivalentes a más de 1.921 millones de pesos, y fue inhabilitado por 48 meses para ejercer cargos públicos. Estas sanciones reflejan la gravedad de la acusación: concierto para delinquir agravado.

El proceso de judicialización comenzó el 29 de octubre de 2024, cuando Acosta y otros cuatro implicados fueron presentados ante un juez por su presunta participación en la red criminal. Entre los capturados figuran alias “Indio”, “Barbero” y otros miembros de esta estructura, quienes habrían cumplido distintas funciones operativas como espionaje y señalización de objetivos para la organización ilegal.

Las investigaciones revelaron que esta red criminal era parte activa del control territorial del Clan del Golfo, cuya expansión sigue generando alarma en municipios como San Carlos, Cereté y Chinú. La Defensoría del Pueblo ha reportado que estas acciones han intensificado las amenazas sobre comunidades, con incrementos en extorsiones, desplazamientos forzados y violencia selectiva contra disidentes o civiles que se resisten a colaborar.

Con la aceptación del preacuerdo, Acosta Soto se convierte en uno de los casos más emblemáticos de política local permeada por crimen organizado, un ejemplo claro de cómo estructuras legales han podido operar al servicio de intereses criminales. El tribunal advierte que el caso avanza para identificar nuevos involucrados y delimitar la totalidad del daño causado a la comunidad.

Esta sentencia marca un precedente en Córdoba y en toda Colombia: autoridades judiciales enfatizan que toda conexión comprobada con grupos como el Clan del Golfo será investigada y sancionada con rigor. La población local espera que este fallo contribuya a desmontar redes de poder ilícito y refuerce la exigencia de transparencia y ética en la administración pública.