Cae cerebro de la pirámide ganadera

A finales de julio de 2025, el empresario Felipe Miguel Rocha Medina fue condenado a seis años y dos meses de prisión por su responsabilidad en la pirámide financiera conocida como la “pirámide ganadera”. Su condena fue resultado de un preacuerdo con la Fiscalía, aceptado por un juez del Circuito Penal de Bogotá. Rocha reconoció su participación en los delitos de captación masiva y habitual de dinero, así como estafa agravada en modalidad masa .

Aunque los cargos iniciales también incluían falsedad en documento privado, estos fueron subsumidos dentro del delito de estafa, conforme a los términos del acuerdo judicial. La estafa se sustentó en un supuesto negocio de engorde de ganado que prometía rendimientos de hasta el 30 %, pero que nunca se materializó.

El esquema gestionado por Rocha —como representante legal de Agropecuaria Achury Viejo— logró captar más de $36.000 millones desde 2015 hasta febrero de 2023, afectando a inversores de alta trayectoria, incluyendo miembros de la élite bogotana. Entre las víctimas se encontró Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, quien presentó una reclamación luego de perder cerca de $200 millones.

Según el abogado defensor Juan David Bazzani, ya se ha devuelto más del 64 % del dinero captado, mientras que el resto —equivalente a aproximadamente $16.000 millones— está respaldado en un bien para garantizar el reembolso total a los afectados.

El próximo 15 de agosto, un juez evaluará si Rocha puede cumplir el resto de la sentencia bajo régimen de prisión domiciliaria, dada su cooperación en el proceso. Desde su entrega en marzo de 2024, el empresario permanece en la cárcel Distrital de Bogotá mientras se tramita su caso.

La Superintendencia de Sociedades también intervino la empresa de Rocha y reportó reclamaciones por más de $20.900 millones, mientras se avanzaba en el aseguramiento de sus bienes patrimoniales para responder a las víctimas. Esta intervención permitió que una parte del capital estafado fuera regresado antes del aval del preacuerdo.

Este caso representa un precedente judicial contra esquemas financieros fraudulentos promovidos bajo la fachada de inversiones tradicionales, y subraya la importancia de la justicia cuantiosa y oportuna. La condena evidencia que los afectados pueden obtener reparación mediante mecanismos como la devolución obligatoria, y que las autoridades judiciales están dispuestas a sancionar a quienes abusen de la confianza pública en esquemas de aparente rentabilidad.