Gobierno pone en marcha modelo de salud sin aprobación del Congreso

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, firmaron el Decreto 0858 de 2025, con el cual el Gobierno Nacional adopta oficialmente el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo como política pública obligatoria en todo el país. La norma ha generado controversia, ya que anticipa gran parte de la reforma a la salud aún en trámite en el Congreso, lo que ha llevado a diversos sectores a hablar de una “reforma 2.0” sin ley.

El decreto reorganiza el sistema de salud colombiano alrededor de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), las cuales estarán conformadas por prestadores públicos, privados y mixtos. Estas redes serán responsables de garantizar la atención continua y coordinada desde el primer nivel hasta los servicios de alta complejidad.

Uno de los cambios clave es que toda la población deberá ingresar al sistema a través de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), desde donde se gestionará el acceso a servicios especializados bajo la coordinación del Gobierno y la Superintendencia Nacional de Salud. Esta centralización también implica un nuevo flujo de información médica y decisiones clínicas.

Las EPS no desaparecen, pero pierden el manejo de recursos

En el aspecto financiero, la ADRES asume el manejo exclusivo de los recursos del sistema, desplazando a las EPS, que conservarán funciones administrativas pero sin capacidad de gestionar dinero. Aunque no desaparecen, las EPS tendrán un nuevo rol: articular redes, gestionar el riesgo, coordinar la atención y ejecutar acciones en salud pública, entre otras.

El decreto también amplía el papel de las ARL en prevención y atención primaria, reforzando su vínculo con el sistema general de salud.

Las críticas no se han hecho esperar. ACEMI, gremios hospitalarios, exministros y expertos han cuestionado que el Gobierno haya implementado un cambio estructural sin respaldo legislativo ni una hoja de ruta clara. También hay dudas sobre los recursos disponibles, especialmente en zonas rurales, y sobre el riesgo de fragmentación del sistema.

El Ministerio de Salud deberá reglamentar la implementación en los próximos seis meses. Mientras tanto, el país se enfrenta a una transformación profunda del sistema sanitario, en medio de tensiones políticas y técnicas sobre su viabilidad y legalidad.

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