Durante el último año se han cerrado más de 530 camas destinadas a la atención psiquiátrica

Colombia enfrenta un escenario alarmante en materia de salud mental. Durante el último año, se han cerrado más de 530 camas destinadas a la atención psiquiátrica, mientras que la demanda por estos servicios ha alcanzado niveles críticos. La disponibilidad de profesionales especializados sigue siendo insuficiente, con apenas 4,3 psicólogos y 3,1 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, lo que limita significativamente el acceso a la atención.

A esta crisis se suma el incumplimiento en los pagos a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y la irregularidad en el suministro de medicamentos esenciales, lo que pone en riesgo la continuidad de los tratamientos para miles de pacientes. La relación entre salud mental y salud física es innegable, aunque a menudo subestimada. Diana María Agudelo, psicóloga clínica y vicedecana de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, enfatiza que el sufrimiento emocional impacta el cuerpo de manera tangible. Situaciones de ansiedad o estrés pueden provocar problemas digestivos, dolor muscular o dificultades respiratorias, demostrando la interconexión entre la mente y el organismo.

La falta de atención oportuna para los pacientes con trastornos psiquiátricos se ha convertido en un problema de gran magnitud. Alexie Vallejo, director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad del Rosario y presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, advierte que muchos pacientes en crisis terminan en situaciones de alto riesgo, incluyendo el suicidio, debido a la ausencia de un lugar donde recibir atención. En diversas ciudades del país, las IPS han reducido o cerrado sus unidades psiquiátricas: en Manizales, la Clínica Psiquiátrica San Juan de Dios clausuró 88 camas en el último mes; en Pasto, el Hospital San Rafael, principal referente en salud mental, disminuyó su capacidad en 33 camas; y en La Ceja, Antioquia, la falta de renovación de contratos con las EPS ha dejado a la población sin acceso a estos servicios esenciales.

El problema se extiende a nivel nacional. Alejandro Escobar, gerente de la firma de investigación económica Sectorial, explica que la crisis financiera del sector salud ha llevado al Estado a pagar solo entre el 70% y el 80% de los costos operacionales. Esta situación empuja a las IPS a cerrar los servicios menos rentables, como la psiquiatría. Un patrón similar se ha observado en el cierre de maternidades, que requieren alta inversión en infraestructura y personal especializado. Vallejo enfatiza que las instituciones dedicadas a la salud mental operan con márgenes de rentabilidad muy reducidos, por lo que el incumplimiento en los pagos las deja sin alternativas viables para continuar funcionando.

La Asociación Colombiana de Psiquiatría señala que la crisis financiera es la principal razón detrás del cierre de camas psiquiátricas. La falta de pago por parte de algunas EPS y la expiración de contratos sin renovación han agravado el problema. En tanto, en las regiones donde los servicios de salud mental aún están operativos, las urgencias psiquiátricas han aumentado de manera preocupante. Según Jorge Toro, presidente de la Unión de IPS Colombia (UNIPS), las exigencias regulatorias para la habilitación de estos servicios son altas y los costos de operación elevados. Ante la falta de recursos, muchas instituciones prefieren cerrar antes que enfrentar sanciones por incumplimiento de requisitos.

UNIPS, que representa a unas 200 IPS en el país, envió un derecho de petición a las 38 secretarías departamentales y distritales de salud para conocer el estado de los servicios al cierre del primer semestre de 2024. De las 25 respuestas recibidas, se confirmó el cierre definitivo de 9.055 servicios de salud y la suspensión temporal de otros 26.627. Entre los más afectados están los servicios de psicología y psiquiatría.

Rodrigo Córdoba, expresidente de la Asociación Psiquiátrica de Colombia, explica que la situación es paradójica: la demanda de atención mental ha crecido exponencialmente, mientras que la capacidad del sistema para responder a esta necesidad ha disminuido. En los últimos cuatro años, las consultas por trastornos mentales han escalado cinco posiciones entre las principales causas de atención en el régimen contributivo. Durante la pandemia de 2021, el sistema de salud atendió a 1,7 millones de personas por problemas de salud mental, acumulando 6,3 millones de consultas, la cifra más alta en la última década.

Sin embargo, el país no cuenta con el personal suficiente para atender la creciente demanda. En 2023, había registrados 90.509 psicólogos, pero no todos trabajan en atención clínica. Según el Ministerio de Salud, hasta marzo de 2024, solo 2.254 psicólogos estaban habilitados para operar en el sistema público. En psiquiatría, la situación es aún más crítica: en 2023, solo había 1.613 psiquiatras en Colombia, lo que representa un promedio de 3,1 por cada 100.000 habitantes, lejos de la media recomendada por la OMS de 10 psiquiatras por cada 100.000 habitantes.

El acceso a la salud mental también se ve reflejado en las quejas de los pacientes. En 2023, la Superintendencia Nacional de Salud recibió más de 50.000 reclamos relacionados con negación de citas, demoras en atención y falta de entrega de medicamentos. A esto se suma el desabastecimiento de fármacos esenciales como bicarbonato de litio, clonazepam, desvenlafaxina y metilfenidato, lo que afecta la continuidad de los tratamientos psiquiátricos.

La interrupción de un tratamiento de salud mental puede tener consecuencias devastadoras, como el agravamiento de síntomas, crisis recurrentes e incluso intentos de suicidio. Para muchos pacientes, la estabilidad lograda tras años de terapia y medicación puede desmoronarse rápidamente ante la falta de atención oportuna. La crisis actual pone en evidencia la urgencia de reforzar el sistema de salud mental en Colombia y garantizar el acceso a servicios esenciales para la población.