MinSalud deberá pagar deuda millonaria en los próximos días

La Corte Constitucional ha ratificado los plazos que el Ministerio de Salud (Minsalud) deberá cumplir para saldar las deudas del sistema de salud y establecer una mesa de trabajo sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

El alto tribunal determinó que Minsalud dispone de 18 días, contados desde la notificación de la decisión, para desembolsar los presupuestos máximos reconocidos entre julio y diciembre de 2024. Este monto asciende a unos $500.000 millones mensuales, lo que representa un total de aproximadamente $3 billones. Además, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agrupa a las EPS del régimen contributivo, calcula que aún existe un rezago en pagos correspondientes a 2022 y a los primeros meses de 2024 por $1,1 billones.

Adicionalmente, la cartera de salud tiene un plazo de 48 horas para cancelar el ajuste de los presupuestos máximos de 2022, que suman más de $800.000 millones y están pendientes de pago a las EPS y al sistema de salud.

En cuanto al incidente de desacato en contra del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, la Corte ha señalado que el funcionario tiene dos días para responder.

Mesa de trabajo sobre la UPC y financiamiento en duda

Sobre la UPC, el tribunal mantuvo los plazos ya establecidos. Minsalud tiene 10 días para conformar una mesa de trabajo con representantes del sector para definir una nueva metodología que permita ajustar anualmente la UPC, el dinero destinado a las EPS para garantizar los servicios de salud. No obstante, varias organizaciones de pacientes y EPS han solicitado ser incluidas en esta discusión sin haber recibido respuesta.

Por otra parte, el ministerio tendrá un mes para justificar el incremento de la UPC para 2025, fijado en 5,36 %. Dicho aumento ha sido calificado como insuficiente por diversos actores del sector, quienes consideraban necesario un ajuste entre el 14 % y el 16 %. Actualmente, la apropiación para la UPC en 2025 es de $87,4 billones, pero Acemi advierte que existe un déficit de al menos $9,5 billones, lo que agrava la crisis financiera del sistema.

La principal incertidumbre radica en la fuente de financiamiento. Para cubrir la deuda de 2022, el Gobierno había autorizado un certificado de disponibilidad presupuestal (CONFIS) por $800.000 millones, pero este perdió validez el 31 de diciembre de 2024. Ahora, el Ministerio de Hacienda deberá emitir un nuevo CONFIS o definir una alternativa para garantizar el pago. La Corte ha señalado que la responsabilidad no recae únicamente en Minsalud, sino también en Minhacienda, que debe asegurar la disponibilidad de los fondos.

Ante esta situación, un grupo de congresistas ha propuesto trasladar $2,7 billones del presupuesto de “Apoyo a Programas de la Ley 100” al rubro de “Aseguramiento en Salud”. Según los legisladores, este cambio permitiría cumplir con el Auto 007 de 2025 sin necesidad de reformas tributarias ni recursos adicionales.

Sin embargo, advierten que los fondos del programa de la Ley 100 han crecido de manera desproporcionada, pasando de $148.000 millones en 2022 a $4,3 billones en 2025, sin una ejecución clara. Algunos hospitales han reportado que no han recibido recursos, y persisten dudas sobre la operatividad de los equipos básicos de salud financiados con estos fondos.

Esta decisión de la Corte se da en medio de las sesiones extraordinarias de la Cámara de Representantes, donde avanza la discusión sobre la reforma al sistema de salud en Colombia.