Corte abre incidente de desacato al ministro de salud 

En una decisión que ha sacudido el sector de la salud en Colombia, la Corte Constitucional anunció la apertura de un incidente de desacato contra el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Según el alto tribunal, el ministro no cumplió con los compromisos pactados respecto a los valores que el Gobierno debe girar a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para financiar servicios y tecnologías incluidas en el Plan de Beneficios en Salud.

La controversia radica en la falta de cumplimiento del Ministerio de Salud con el pago de los presupuestos máximos pendientes de 2021 y 2022, una situación que ha generado una crisis financiera en las EPS. La Corte explicó que, a pesar de las órdenes emitidas, los recursos no han sido transferidos en su totalidad, lo que amenaza la sostenibilidad financiera del sistema de salud y el derecho de los ciudadanos a recibir atención oportuna y de calidad.

La decisión del alto tribunal ha provocado una ola de reacciones entre expertos y representantes del sector de la salud. Alejandro Gaviria, exministro de Salud, fue contundente en sus declaraciones: “Eso no es mamando gallo, hay una orden perentoria que tiene que cumplir el Ministro de Salud, el Ministerio por supuesto, pero el ministro en particular o sino va para la cárcel”. Gaviria también resaltó la importancia de los presupuestos máximos, que financian tratamientos para enfermedades raras, medicamentos especializados y servicios complementarios como alimentos nutricionales y cuidados paliativos.

Por su parte, Ana María Vesga, presidenta de Acemi, destacó los graves retrasos en los pagos. “Nos deben ajustes del año 2022 completo y del año 2024 no se han pagado los meses de octubre, noviembre y diciembre, que suman aproximadamente 1.5 billones de pesos para el periodo del 2024. En enero, dentro de los diez días, ya se deberían haber recibido los pagos del mes, pero estamos a 20 y ya están en mora”, enfatizó Vesga.

La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, encargada de esta evaluación, determinó que persisten serias falencias en el cumplimiento de las órdenes judiciales. En cuanto al cumplimiento del auto 2881 de 2023, la Corte Constitucional destacó algunas de las conclusiones:

• No se han girado los $819 mil millones reconocidos como reajuste, a pesar de la autorización emitida por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) en diciembre de 2023.

• No se ha creado una metodología unificada para definir y reajustar los presupuestos máximos, a pesar de que han transcurrido más de seis meses desde la notificación del Auto 2881 de 2023.
• La Corte evidenció que los recursos asignados para el segundo semestre de 2024 son insuficientes, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema.

• Los pagos se realizan de manera tardía y se definen en periodos cortos, generando incertidumbre y dificultando la planeación financiera de las EPS.

La Corte alertó que esta situación pone en riesgo la sostenibilidad financiera de las EPS y, de manera más preocupante, afecta el goce efectivo del derecho a la salud de los afiliados al sistema. La demora en la implementación de medidas para superar la insuficiencia de recursos amenaza con agravar la crisis en el acceso a servicios básicos y especializados.

La apertura del incidente de desacato es un llamado de atención urgente al Ministerio de Salud y al Gobierno Nacional para cumplir con sus compromisos legales y garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de salud. Este caso se suma a un historial de tensiones entre las EPS y el Gobierno, que exige soluciones inmediatas para evitar un colapso en el sector.