¡Nuevo dolor de cabeza en la Fiduprevisora! Procuraduría pidió suspender contrato de salud para reclusos

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Fiduprevisora suspender los trámites de contratación para la prestación de servicios de salud a la población privada de la libertad (PPL) y menores de tres años que conviven con sus madres en establecimientos de reclusión de entes territoriales (Eron).  

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El Ministerio Público señaló que actualmente la necesidad de estos servicios está cubierta por los recursos que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) asignada del Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de libertad, los cuales son transferidos a la Fiduprevisora.

Además, el ente de control identificó que, tras la publicación de los términos de referencia definitivos, los interesados solo contaban con dos días para presentar sus ofertas en un proceso que maneja más de 170 mil millones de pesos. Este corto plazo generó preocupación en el Ministerio Público, que considera que podría vulnerar los principios de la contratación pública.

Marcio Melgosa, procurador delegado primero para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, solicitó a María Fernanda Jaramillo Gutiérrez, vicepresidenta de negocios fiduciarios de Fiduprevisora, que se amplíe el término para la manifestación de interés y entrega de propuestas. Esto con el objetivo de asegurar la libre concurrencia y pluralidad en el proceso.

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La Procuraduría también enfatizó la necesidad de permitir un análisis de la información requerida y subrayó que si esta información es confidencial, se deberá notificar y justificar dicha condición. 

Finalmente, el ente de control advirtió que una vez revisada la documentación e información solicitada, se evaluará la viabilidad de llevar a cabo una vigilancia preventiva de carácter contractual sobre la invitación pública.