Líderes sociales en Colombia, víctimas de violencia imparable

La Fiscal General de Colombia, Luz Adriana Camargo, se pronunció este viernes al presentar un informe alarmante sobre la violencia contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. Según Camargo, Colombia es el país más peligroso del mundo para defender los derechos humanos, citando los 1.372 asesinatos documentados entre enero de 2016 y diciembre de 2024.

La funcionaria destacó que, a pesar de los esfuerzos de la Fiscalía, existen limitaciones significativas en la investigación de estos crímenes debido a las dificultades para acceder a algunas zonas violentas y a los métodos para identificar a los defensores de derechos humanos. La situación, que ha sido clasificada como una catástrofe, refleja la gravedad de la violencia estructural que afecta a quienes luchan por la justicia social en diversas regiones del país.

El informe presentado también hizo eco de las estadísticas de Front Line Defenders, que posicionan a Colombia como el país más letal del mundo para estos defensores, con 142 víctimas en 2023, casi la mitad de las muertes registradas globalmente. Cauca, Nariño y Putumayo siguen siendo las zonas más violentas para los defensores debido a la guerra por el control territorial y las economías ilícitas.

A pesar de estos datos, Camargo reconoció la falta de avances en algunas investigaciones y subrayó la necesidad urgente de que la violencia contra los líderes sociales se convierta en un tema central del debate nacional. La fiscal advirtió que, aunque la Fiscalía está comprometida con la investigación y la justicia, se requiere un esfuerzo colectivo para enfrentar esta crisis humanitaria.

El informe de la CIDH también resalta que Colombia representa más de la mitad de los asesinatos de defensores de derechos humanos en América, con la violencia particularmente concentrada en zonas afectadas por el narcotráfico. A pesar de los llamados internacionales, el panorama en 2025 continúa siendo sombrío, con 22 asesinatos de líderes sociales ya reportados en lo que va del año.

El llamado de la fiscal es claro: es urgente la acción de todas las instituciones del Estado y la sociedad civil para detener esta tragedia que sigue afectando a los defensores de derechos humanos en Colombia.