Iván Name enfrentará nuevos testimonios clave en investigación de corrupción

El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, ha tomado una decisión clave en el proceso que investiga al senador Iván Name, quien está vinculado a un escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La Corte ordenó que se reciban los testimonios de tres exfuncionarios de la entidad: Olmedo López, exdirector de la UNGRD; Sneyder Pinilla, exsubdirector de la misma entidad; y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones.

La citación de estos tres testigos clave se da en el marco de la denuncia presentada por el abogado Juan Carlos Calderón España, presidente de la Veeduría Nacional Recursos Sagrados, quien acusa a Iván Name de haber recibido 3.000 millones de pesos en octubre de 2023. Según la denuncia, este dinero habría provenido de un contrato millonario destinado a la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a las comunidades del departamento de La Guajira.

El abogado Calderón sostiene que estos recursos fueron parte de un esquema de corrupción y que Iván Name habría utilizado su poder como líder del Senado para mover iniciativas del gobierno Petro que favorecieran este tipo de proyectos. La denuncia señala que el senador pudo haber incurrido en enriquecimiento ilícito al recibir estos fondos provenientes de actos irregulares.

El Consejo de Estado ha considerado que estos testimonios son cruciales para esclarecer los hechos en el proceso que busca la «muerte política» de Iván Name, un procedimiento que podría llevar a su expulsión del Congreso de la República. La decisión del alto tribunal es un paso más en la investigación que podría tener graves implicaciones para el futuro del senador de la Alianza Verde.

Iván Name, quien fue presidente del Senado durante el gobierno de Gustavo Petro, se enfrenta a un proceso que podría afectar no solo su carrera política, sino también la credibilidad de las instituciones del Estado. La implicación de funcionarios cercanos a la gestión del riesgo y la presunta relación con contratos de gran envergadura han intensificado la atención sobre el caso.

Este proceso continúa su curso en el Consejo de Estado, mientras se espera que la investigación arroje más detalles sobre el posible impacto de estas denuncias en el ámbito político y legal.