6402 falsos positivos: ¿Son más o menos víctimas de lo que se ha  pensado?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer este miércoles 19 de febrero una nueva imputación relacionada con el caso de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, específicamente entre los años 2004 y 2007. Cuatro generales, 25 oficiales y 10 suboficiales de la Cuarta Brigada del Ejército fueron señalados de presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad por su implicación en al menos 442 «falsos positivos». De estas víctimas, 26 eran menores de edad.

Según el auto emitido por la JEP, se descubrió que estos exmilitares fueron responsables de liderar y ejecutar una política de “conteo de cuerpos”, en la que víctimas inocentes, principalmente campesinos, personas con discapacidades y miembros de la población LGBTIQ+, fueron víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas. Además, se comprobó que muchas de estas personas fueron torturadas, bajo la acusación falsa de ser guerrilleros.

La imputación se refiere también a los responsables de presentar los cuerpos de estas víctimas como bajas en combate para justificar resultados militares y cumplir con presiones de los altos mandos del Ejército. Las víctimas, en su mayoría, fueron asesinadas y desaparecidas entre 2004 y 2007, siendo presentadas posteriormente como miembros de grupos armados ilegales. Este patrón de crímenes, que implicó a varios batallones de la Cuarta Brigada, afectó gravemente a comunidades de la región.

Por primera vez, se ha confirmado que, en el marco de estas ejecuciones, se cometieron actos de tortura contra las víctimas, algunas de las cuales fueron sometidas a tratos crueles para obtener información falsa.

Los exmilitares imputados incluyen a generales retirados como Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria, quienes dirigieron las operaciones en la Cuarta Brigada durante los hechos. La imputación también incluye a 35 oficiales y suboficiales que participaron en la implementación de esta política.

El caso de estos «falsos positivos» es parte de un conjunto más amplio de investigaciones sobre crímenes cometidos por las Fuerzas Militares durante el conflicto armado en Colombia, y la JEP continuará trabajando para garantizar la justicia para las víctimas y esclarecer las responsabilidades de los involucrados.

Además, la JEP sigue avanzando en otros subcasos y ha imputado también a miembros de las extintas FARC por graves crímenes cometidos durante el conflicto.