El Estado pidió perdón a 23 familias de víctimas de ‘falsos positivos’ en Cesar y La Guajira

El Estado colombiano ofreció este martes un acto de perdón público a 23 familias de víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2008 en los departamentos de Cesar y La Guajira. Las víctimas provenían de diversas regiones del país, entre ellas Montería, Ocaña, Barranquilla, Baranoa, Fundación, Santa Marta, Riohacha y varios municipios del Cesar, así como de comunidades indígenas de la Sierra Nevada.

Durante el acto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció que estos crímenes, cometidos por exintegrantes del Ejército Nacional, afectaron profundamente a los pueblos indígenas Kankuamo, Wiwa y Wayuú. “Con estas acciones se deshonraron territorios sagrados y se afectaron los procesos de gobierno propio y la autonomía de estas comunidades”, afirmó, antes de pedir perdón en nombre del Estado a los familiares de las víctimas.

Los hechos, que incluyeron la ejecución de jóvenes campesinos y miembros de comunidades indígenas —entre ellos una menor de edad embarazada— fueron investigados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La entidad condenó a 12 exmilitares adscritos al Batallón de Artillería N.º 2 ‘La Popa’, responsables de 135 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. De ellos, 11 aceptaron su participación.

Según el Gobierno, esta administración ha realizado más de diez actos públicos de reconocimiento de responsabilidad por casos de ejecuciones extrajudiciales, mediante los cuales más de 150 víctimas han recibido reparación simbólica.

El Estado reafirmó que continuará su labor de verdad, memoria y dignificación para quienes sufrieron la violencia del conflicto armado.

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