Tutela de Petro por caso CNE llega a la Corte Constitucional

La Corte Constitucional estudiará una acción de tutela presentada por el presidente Gustavo Petro, quien cuestiona la competencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) para investigarlo por supuestas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial en 2022. La solicitud, que ya fue admitida, será analizada por la Sala Plena del alto tribunal, bajo ponencia del magistrado Vladimir Fernández Andrade.

La tutela fue interpuesta por Petro en calidad de ciudadano y no como jefe de Estado. En ella, el mandatario pide dejar sin efecto una decisión tomada el 6 de agosto de 2024 por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, la cual resolvió un conflicto de competencias a favor del CNE, habilitándolo para adelantar la investigación.

Petro argumenta que esa decisión vulneró sus derechos fundamentales, especialmente los relacionados con el debido proceso, al considerar que el CNE no tiene autoridad para indagar a un presidente en ejercicio, dado su fuero constitucional. A su juicio, la competencia debería recaer exclusivamente en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

En su tutela, también solicita que se le ordene al CNE abstenerse de continuar cualquier procedimiento en su contra, alegando que las denuncias en cuestión están caducadas o fueron presentadas fuera de los tiempos legales establecidos tras las elecciones. Además, advierte que la decisión del Consejo de Estado generó un «caos jurídico» que pone en riesgo la estabilidad institucional del país.

El caso adquiere especial relevancia debido a que el magistrado asignado, Vladimir Fernández, fue secretario jurídico de Petro durante los primeros meses de su gobierno, lo que ha despertado observaciones en distintos sectores sobre un posible conflicto de interés.

Mientras la Corte decide si ampara los derechos invocados por el presidente, el CNE continúa con la investigación en curso, amparado en la decisión previamente avalada por el Consejo de Estado. La discusión jurídica promete tener repercusiones tanto en el ámbito electoral como en la interpretación de los límites institucionales entre entes de control y altos funcionarios del Estado.