Tribunal ordena a EPS saldar deudas millonarias con hospitales del Tolima y marca precedente nacional

El Tribunal Administrativo del Tolima emitió un fallo histórico que podría cambiar el rumbo de la crisis hospitalaria en Colombia. La decisión judicial obliga a varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) a pagar más de un billón de pesos adeudados a hospitales públicos y privados del departamento, tras años de incumplimientos y demoras que han puesto en jaque la atención médica.

La medida responde a una acción popular interpuesta por la Gobernación del Tolima, en defensa del derecho colectivo a la salud. El fallo, liderado por el magistrado José Andrés Rojas, busca garantizar el flujo de recursos hacia los hospitales y proteger la continuidad del servicio médico en la región.

Según datos oficiales, la deuda acumulada supera los 1,2 billones de pesos, de los cuales cerca de 600 mil millones corresponden al sector público y más de 400 mil millones al privado. Este déficit ha afectado gravemente la operación de hospitales departamentales y municipales, provocando atrasos en salarios, falta de insumos, suspensión de cirugías y reducción de camas disponibles.

La decisión judicial ordena a las EPS cancelar las obligaciones pendientes en un plazo máximo de dos meses, crear una mesa técnica nacional, con participación del Ministerio de Salud, Hacienda, ADRES y Supersalud, y garantizar el pago inmediato de al menos el 20 % de la deuda total reconocida.

Autoridades locales y expertos del sector salud calificaron el fallo como un precedente nacional que podría replicarse en otras regiones del país donde la mora hospitalaria amenaza la estabilidad del sistema. La secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo, celebró la decisión afirmando que “es un paso firme para proteger la red hospitalaria y dignificar el trabajo del personal de salud que sigue atendiendo, aun sin recursos”.

El Tribunal fue enfático en que las EPS no pueden seguir operando bajo el incumplimiento sistemático de pagos, pues esto vulnera derechos fundamentales y compromete la sostenibilidad de la red pública.
El caso del Tolima podría ser el punto de partida de una reforma judicial más amplia, que obligue a revisar las reglas financieras y contractuales del sistema de salud colombiano.

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