Tribunal ordena captura de Carlos Ramón González

El Tribunal Superior de Bogotá emitió este miércoles una orden de prisión preventiva contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Esta medida fue adoptada por solicitud de la Fiscalía, en el marco de la investigación por delitos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

González Merchán enfrenta cargos por tres delitos: cohecho (por ofrecer o dar sobornos), peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. La audiencia de medida de aseguramiento se llevó a cabo de manera virtual, ya que el exfuncionario aparentemente se encuentra en Managua, Nicaragua. Durante la diligencia, el magistrado Leónel Rogeles Moreno informó que existen razones suficientes para suponer que el investigado podría obstaculizar las pesquisas, dada su cercanía a círculos de poder del Estado, así como también un riesgo latente de fuga, ya que ha salido del país en varias ocasiones recientemente.

El tribunal destacó que no cuenta con arraigo, luego de evidenciar que González Merchán viajó primero a Europa, luego a Costa Rica, y su última ubicación conocida es Nicaragua, según registros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Hasta tanto se resuelva su apelación, la interposición de una circular roja por parte de Interpol se mantiene como una posibilidad contemplada por la Fiscalía, de acuerdo con la fiscal general Luz Adriana Camargo.

Las investigaciones apuntan a que, durante su gestión en la Ungrd, González Merchán habría pactado la entrega de contratos por cerca de 60.000 millones de pesos para Iván Name, exsenador, y 10.000 millones para Andrés Calle, expresidente de la Cámara. Según el testimonio del exdirector de la Ungrd, Olmedo López, ambos congresistas amenazaron con ausentarse en la votación de la reforma a la salud si no recibían esas jugosas «compensaciones». Ante esas presiones, el exdirector habría ofrecido sobornos: 3.000 millones para Name y 1.000 millones para Calle, procedentes de multimillonarios contratos sobrecosteados en la compra de carrotanques para La Guajira.

Estas evidencias surgieron durante la audiencia, junto con versiones de que la exconsejera presidencial Sandra Ortiz y el exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, habrían sido intermediarios en la entrega del dinero. Vale recordar que tanto Name como Calle se encuentran detenidos desde mayo por este mismo caso.

González Merchán y su abogado, Iván Cancino, rechazaron categóricamente las acusaciones. Durante la audiencia, afirmaron que las imputaciones se basan exclusivamente en las declaraciones de Olmedo López, quien, según el exfuncionario, busca beneficios judiciales y carece de evidencia sólida contra él. «Aquí estamos analizando mi conducta, no la de Olmedo ni la de Sneyder», declaró el exdirector, señalando que su vínculo con el presidente Petro y su pasado guerrillero han sido utilizados injustamente como argumentos en su contra.

En este momento, la apelación presentada por la defensa es el único obstáculo para abrir una orden de captura internacional. Si el Tribunal rechaza esa solicitud, Gonzalez deberá regresar al país para cumplir la prisión preventiva. Por ahora, queda claro que su situación judicial se agrava, y se convierte en uno de los funcionarios más cercanos al poder en ser requerido formalmente por las autoridades en el caso Ungrd.