¿Son correctas las preguntas de la consulta popular?

La consulta popular propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro enfrenta serias críticas jurídicas y técnicas debido a múltiples errores en la formulación de sus doce preguntas. Aunque el mecanismo como tal es constitucional, especialistas advierten que varios interrogantes presentan problemas de redacción, lo que inducen a la confusión y carecen de precisión técnica, afectando la legitimidad del proceso y su futura aplicabilidad.

Uno de los principales señalamientos es que algunas preguntas son dobles, como la primera, que combina dos temas distintos —duración de la jornada laboral y definición del horario nocturno—, lo cual no es jurídicamente admisible. Además, otras preguntas omiten detalles esenciales, como las fuentes de financiación para fondos campesinos o incentivos para pequeñas empresas, dejando vacíos que dificultan su implementación y abrirán la puerta a conflictos jurídicos.

Desde el punto de vista de expertos

También cuestionan el sesgo en la redacción de varias preguntas, que parten de premisas incorrectas o incompletas. Por ejemplo, se sugiere que ciertos grupos laborales, como las trabajadoras domésticas o las madres comunitarias, carecen de protección legal, cuando en realidad ya existen normas que garantizan sus derechos. Este tipo de errores podría inducir a error a los votantes y generar falsas expectativas sobre derechos ya establecidos.

Otra crítica recurrente es que las preguntas utilizan lenguaje subjetivo y parcial, como en el caso de la tercerización laboral, donde se afirma que los contratos sindicales «violan los derechos laborales», en lugar de presentar una formulación neutral. Además, varios interrogantes no consideran las realidades prácticas del mercado laboral colombiano, lo que podría exponer a las empresas a mayores litigios y dificultades de cumplimiento.

Aunque la consulta popular no infringe de manera directa los límites constitucionales, los errores técnicos, las ambigüedades y los sesgos detectados debilitan su credibilidad y podrían afectar tanto su validez jurídica como su efectividad política. Para que este mecanismo de participación cumpla su objetivo, sería necesario corregir y aclarar las preguntas antes de someterlas a la ciudadanía, evitando así mayor polarización y confusión social.

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