Sociedad civil insta al Congreso a adoptar impuestos que prevengan los daños del alcohol

Organizaciones de la sociedad civil en Colombia lanzaron un llamado urgente al Congreso de la República para adoptar una reforma tributaria al alcohol basada en criterios de salud pública. La petición, liderada por Red Papaz, Fundación Anáas y la Liga Colombiana Contra el Cáncer, sostiene que el país enfrenta una “oportunidad histórica” para implementar medidas capaces de salvar miles de vidas y proteger, especialmente, a niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con la Declaración de Sociedad Civil presentada por estas organizaciones, la ausencia de un impuesto diseñado para reducir el consumo de alcohol ha perpetuado precios bajos que favorecen un mayor consumo y, en consecuencia, un incremento en la mortalidad, la discapacidad y los costos que recaen sobre el sistema de salud. Según cifras de la OMS y el DANE (2023), cerca de 10.000 personas mueren cada año en Colombia por causas asociadas al alcohol. A nivel mundial, una persona fallece cada 10 segundos por esta misma razón.

El consumo temprano es otra de las preocupaciones centrales: en Colombia, la edad promedio de inicio es de 13 años, en una etapa crucial del desarrollo cerebral. Además, una de cada dos personas entre los 12 y 65 años reportó haber consumido alcohol en el último año, de acuerdo con la ENCE (2022). En 2022, el país también alcanzó un récord histórico de consumo aparente, con más de 3.215 millones de litros de bebidas alcohólicas, siendo la cerveza el 95% del total y uno de los productos más asequibles: con un salario mínimo se pueden comprar hasta 236 litros, según PROESA.

Las organizaciones advierten que el actual esquema tributario no responde al riesgo real del alcohol: mantiene tarifas diferenciadas sin sustento sanitario, deja por fuera productos dirigidos a jóvenes y otorga un trato preferencial a la cerveza. Además, denuncian la interferencia histórica de actores económicos que, aseguran, han obstaculizado reformas basadas en evidencia científica.

La declaratoria coincide con el lanzamiento en Colombia de la campaña “¿Quién paga los daños del alcohol?”, adaptada desde la experiencia de México con la Red de Acción sobre Alcohol (RASA). Esta iniciativa busca visibilizar que, aunque el Estado recauda un poco más de 3 billones de pesos por impuestos al consumo de licor, los daños generados por el alcohol superan los 11 billones anuales, de acuerdo con PROESA (2025). La diferencia, subrayan, la paga la ciudadanía en forma de violencia, siniestralidad vial, enfermedades y sobrecarga al sistema de salud.

Ante este panorama, las organizaciones llaman al Congreso y al Gobierno Nacional a rediseñar el impuesto al alcohol, incrementar de manera sustantiva su valor, blindar el proceso de formulación de política pública frente a intereses comerciales y destinar los recursos obtenidos a acciones de prevención y fortalecimiento del sistema de salud.

“La evidencia existe, las soluciones están claras y el momento de actuar es ahora”, concluye la declaración, insistiendo en que el país debe priorizar la salud y el bienestar por encima de intereses particulares y avanzar hacia un futuro donde Colombia esté protegida de los daños del alcohol.