La polémica de los servicios médicos a fallecidos causa debate nacional

Entre acusaciones de corrupción y explicaciones administrativas: ¿qué está realmente detrás del caso?

El presidente Gustavo Petro acusó recientemente a varias EPS de haber prestado servicios médicos (exámenes, procedimientos o autorizaciones) a personas ya fallecidas, lo que ha desatado una fuerte discusión pública. Sin embargo, expertos advierten que muchos casos podrían obedecer a fallas burocráticas en la interfaz entre hospitales, EPS y la ADRES.

La ADRES cruzó dos grandes bases de datos del sistema de salud para identificar irregularidades y reportó que unos 471.000 servicios habrían sido facturados a personas muertas.
Ante esto, EPS como Sura y Compensar emitieron comunicados asegurando que ellos “solo atienden personas vivas” y que no autorizan servicios a fallecidos.

Lo que dicen ADRES, EPS y los expertos

• ADRES sostiene que el ejercicio buscaba transparencia y control en la facturación del sistema.
  
• EPS involucradas argumentan que pueden darse desfases administrativos: registros tardíos de fallecimientos, cierres de historia clínica posteriores o procesos de verificación pendientes.
  
• Expertos en salud y administración pública señalan que el sistema es complejo y que errores en conciliaciones, tiempos de actualización de datos y fallas en los procesos internos pueden provocar registros “fantasma” o aparentes anomalías que no necesariamente son actos de corrupción deliberada.

Riesgos para la reputación y el sistema

Este escándalo puede generar desconfianza ciudadana en el sistema de salud, además de presionar a las entidades estatales a fortalecer controles internos, auditorías y mecanismos de verificación.
Una mala interpretación podría llevar a sanciones injustas o señalamientos sin prueba contundente, por lo cual la transparencia en la investigación será clave.

No todos los casos registrados implican dolo. Las fallas administrativas pueden explicar muchas de las irregularidades detectadas. Pero el ala política exige respuestas contundentes, y las EPS deberán demostrar que sus procesos internos son robustos.
El proceso de indagación deberá ser riguroso, con fiscalización, auditoría y participación de organismos de control para separar el error del acto corrupto.

Sigue leyendo más noticias en Revista Poder

Si quieres conocer más de Revista Poder, visita nuestro canal de  YouTube