Sacudón en la Corte por caso UNGRD

El escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha generado un profundo debate sobre la transparencia y la independencia de las instituciones judiciales en Colombia. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia ha sido objeto de críticas por la reasignación del caso contra el congresista Wadith Manzur, lo que ha suscitado preocupaciones respecto a posibles irregularidades en el proceso judicial.

La magistrada Cristina Lombana expresó su inconformidad mediante un salvamento de voto, cuestionando la decisión de trasladar el caso del magistrado Héctor Alarcón al presidente de la Sala de Instrucción, Misael Rodríguez. Según Lombana, esta reasignación se realizó sin seguir el sistema de reparto reglado, lo que podría comprometer la imparcialidad del proceso. Además, señaló que los argumentos presentados para justificar el cambio no estaban relacionados con la filtración de información, como se había comunicado públicamente. 

Esta situación ha generado confusión dentro de la Corte Suprema, especialmente porque el auto que ordenó el traslado del expediente no especificó claramente a qué magistrado se refería con “presidente de la Sala”. Dado que la presidencia de la Sala de Instrucción cambió recientemente, existe incertidumbre sobre quién debe asumir la investigación, lo que ha llevado a algunos sectores a solicitar una revisión de la decisión para evitar posibles afectaciones al proceso. 

En paralelo, la Procuraduría General de la Nación ha anunciado una inspección a la Corte Suprema con el objetivo de trasladar al proceso disciplinario las pruebas recaudadas en la actuación judicial contra los congresistas implicados. Esta diligencia busca esclarecer si los funcionarios involucrados participaron en un entramado que habría utilizado recursos de la UNGRD para otorgar contratos a congresistas a cambio de votos favorables a proyectos de ley y reformas impulsadas por el Gobierno. 

El caso UNGRD ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y garantizar la transparencia en las instituciones del Estado. La ciudadanía espera que las investigaciones se desarrollen con rigor y que se tomen las medidas necesarias para sancionar a los responsables, restaurando así la confianza en el sistema judicial y político del país.