Registraduría estudia fondo jurídico de la consulta popular y alista pronunciamiento oficial

Desde Puerto Carreño (Vichada), el registrador nacional Hernán Penagos se refirió por primera vez a la controversia que ha generado el decreto mediante el cual el Gobierno Nacional convoca a una consulta popular. En medio de la instalación de las elecciones atípicas para gobernador en este departamento, el funcionario confirmó que la Registraduría fue notificada formalmente del acto administrativo y que ya se encuentra analizando su validez jurídica.

Penagos aseguró que su equipo legal está revisando con rigurosidad el contenido del decreto y las implicaciones que tendría su ejecución, especialmente ante las múltiples acciones judiciales presentadas en diferentes instancias del país. Según explicó, su despacho ha recibido más de cinco solicitudes para aplicar la figura de excepción de inconstitucionalidad, así como numerosos derechos de petición y acciones de tutela relacionadas con este tema.

El registrador también indicó que la entidad ha tenido conocimiento de al menos 30 demandas de nulidad presentadas ante el Consejo de Estado y cerca de seis demandas de inconstitucionalidad radicadas ante la Corte Constitucional. Además, la Procuraduría abrió una indagación preliminar en contra de varios ministros que firmaron el decreto, a raíz de múltiples quejas ciudadanas.

Aunque el Gobierno ha proyectado realizar la consulta el próximo 7 de agosto, aún no hay una decisión definitiva por parte del organismo electoral. Penagos reiteró que la Registraduría se pronunciará de fondo durante la semana siguiente, luego de estudiar los argumentos jurídicos y políticos que rodean la convocatoria.

Por su parte, el procurador general, Gregorio Eljach, quien acompañó a Penagos durante la jornada electoral en Vichada, manifestó que el fallo del Senado, que negó la realización de la consulta, tiene efectos políticos, pero que la decisión final sobre su legalidad está en manos del Consejo de Estado.