Procuraduría destituye e inhabilita por hasta 20 años a responsables del escándalo de los carrotanques

El fallo en segunda instancia confirma las sanciones contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y Víctor Meza por su papel en el millonario detrimento al Estado con la compra de vehículos para La Guajira.

La Procuraduría General de la Nación confirmó en firme la destitución e inhabilidad de tres exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por su responsabilidad en el escándalo de los carrotanques, una trama de sobrecostos que generó un daño al erario superior a los 16.000 millones de pesos.

La decisión afecta a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, sancionado con 18 años de inhabilidad; Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, con una sanción de 20 años; y Víctor Andrés Meza Galván, exsubdirector general, con 10 años de destitución e inhabilidad. El fallo, emitido por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, ya no admite recursos y concluye que los tres incurrieron en faltas gravísimas por haber autorizado pagos inflados en la adquisición de 40 carrotanques, supuestamente destinados a atender la emergencia humanitaria en La Guajira.

Pagaron más del 50 % por encima del precio de mercado

De acuerdo con el ente de control, los exfuncionarios estructuraron y ejecutaron de manera directa el contrato que permitió la compra de los vehículos con sobreprecios superiores al 54 %. Cada carro tanque fue adquirido por más de 412 millones de pesos, pese a que el valor real en el mercado era significativamente menor.

Olmedo López firmó la ratificación de la orden de proveeduría gestionada por Pinilla, lo que permitió que la fiduciaria La Previsora desembolsara los recursos al contratista. Por su parte, Pinilla avaló el negocio a pesar de que las tres cotizaciones con las que justificó el contrato estaban infladas, y además certificó falsamente la entrega satisfactoria de los vehículos, que nunca fueron utilizados para el fin declarado.

En el caso de Víctor Meza, la Procuraduría concluyó que también tuvo responsabilidad directa al respaldar con su firma el procedimiento, lo que fue calificado como una falta gravísima cometida con culpa gravísima.

El organismo disciplinario fue enfático al señalar que los implicados vulneraron los principios de la función pública, actuaron con dolo y causaron un grave perjuicio al Estado. Esta es una de las decisiones más severas adoptadas hasta el momento por la Procuraduría en el marco de los escándalos de corrupción que han salpicado al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

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