Procuraduría pide anular decretos del estado de conmoción en el Catatumbo

La Procuraduría General de la Nación ha solicitado a la Corte Constitucional la anulación de los decretos 131, 133, 135 y 137, emitidos dentro del marco del estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, por considerar que estos no cumplen con los requisitos legales necesarios. Según el Ministerio Público, dos de los ministros que firmaron estos decretos no tenían la competencia para hacerlo, lo que invalida su legalidad.

Los decretos fueron expedidos por el Gobierno Nacional en respuesta a la creciente violencia y la situación de orden público en el Catatumbo, una región del nororiente colombiano afectada por el conflicto armado. La Procuraduría sostiene que, aunque los documentos fueron firmados por quince ministros y cuatro ministros encargados, dos de esos funcionarios no estaban en ejercicio de sus cargos en el momento de la firma, lo que contraviene los requisitos constitucionales de suscripción.

Uno de los ministros señalados es Luis Carlos Reyes, quien en el momento de la firma del decreto no se encontraba en ejercicio de su cargo como Ministro de Comercio, Industria y Turismo, ya que había solicitado un permiso remunerado. En su lugar, las funciones fueron asumidas por Ana María Zambrano, quien estaba encargada de esa cartera en ese entonces. El otro funcionario mencionado es Polivio Leandro Rosales, quien era ministro encargado de Agricultura, pero su nombramiento terminó el 4 de febrero de 2025, según lo dispuesto en el Decreto 054 del 21 de enero de 2025.

La Procuraduría argumenta que la falta de competencia de estos funcionarios para firmar los decretos afecta la validez de las medidas adoptadas, ya que no cumplen con los procedimientos legales establecidos. Los decretos en cuestión abordan temas cruciales para la región, como medidas para el manejo de recursos de regalías, la protección de comunidades afectadas por el conflicto armado y las políticas fiscales para las entidades territoriales en medio de la crisis de orden público.

Los decretos impugnados son los siguientes:

1. Decreto 131: Establece medidas para proyectos de inversión financiados con recursos de regalías y otros fondos regionales.
2. Decreto 133: Aborda medidas en el área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
3. Decreto 135: Adopta medidas presupuestales y fiscales para las entidades territoriales en medio de la situación de orden público.
4. Decreto 137: Proporciona medidas extraordinarias de protección para las personas y comunidades afectadas por violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) debido a la violencia de los grupos armados.

Esta solicitud de la Procuraduría genera un debate sobre la legalidad de las acciones del Gobierno en situaciones de emergencia, especialmente en regiones como el Catatumbo, donde la violencia y el narcotráfico siguen siendo problemas persistentes. La Corte Constitucional deberá revisar los argumentos presentados y determinar si estos decretos fueron emitidos conforme a derecho.