Procuraduría exige a EPS concertar pagos adeudados a prestadores en la Orinoquía
La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que operan en los departamentos de la Orinoquía, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, para que instalen mesas de concertación con prestadores públicos y privados con el fin de saldar los pagos adeudados por servicios ya prestados.
Estos pagos pendientes incluyen tanto cuentas que ya han sido liquidadas como otras que están en proceso de conciliación. La Procuraduría ha advertido que los retrasos persistentes afectan la operatividad de hospitales y clínicas en la región, generando manifestaciones, bloqueos y la renuncia de personal médico y asistencial.
Tensiones operativas y riesgos institucionales
El ente de control señaló que la falta de pago a los prestadores ha provocado crisis de liquidez en los establecimientos de salud, que a veces no pueden cubrir nóminas ni mantener el abastecimiento de insumos críticos.
Además, la dispersión geográfica característica de la Orinoquía y los costos logísticos elevados agravan el problema, pues los recursos de las EPS representan en muchas zonas la fuente principal de ingresos regulares para las instituciones.
En varios departamentos, denuncias locales han dado cuenta de que servicios no prioritarios han sido suspendidos temporalmente para evitar mayores pérdidas, mientras que algunos profesionales han optado por abandonar sus cargos por falta de pago.
Medidas exigidas y seguimiento al cumplimiento
La Procuraduría instó a las EPS a definir cronogramas de pago claros, transparentes y verificables, y a la Supersalud le solicitó que recopile las actas de compromiso firmadas entre las partes para ejercer seguimiento preventivo a su cumplimiento.
El Ministerio Público recordó que los retrasos reiterados podrían acarrear sanciones disciplinarias según lo establecido en la Ley 734 de 2002, enfatizando que las EPS deben cumplir con sus obligaciones contractuales y financieras como pilar fundamental del derecho a la salud.
Estas medidas de control buscan que las instituciones no queden atrapadas en compromisos incumplidos que comprometan la atención continua para los pacientes.
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