Procuraduría acusa a cuatro exfuncionarios de la Alcaldía de Daniel Quintero

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra cuatro exfuncionarios de la administración del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presuntas irregularidades en la celebración de contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Metroparques y el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder).

Los investigados son Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector de gestión administrativa y financiera del Área Metropolitana; Diana Paola Toro Zuleta, exdirectora del Inder; y Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda, exgerentes de Metroparques.

Según el Ministerio Público, los exfuncionarios habrían celebrado contratos interadministrativos entre las tres entidades sin cumplir con requisitos legales fundamentales, como la acreditación de experiencia técnica y la realización de una licitación pública. En su lugar, la contratación se habría hecho mediante invitaciones privadas, lo cual vulneraría los principios de transparencia y selección objetiva.

La Procuraduría calificó estas actuaciones como una falta gravísima por parte de los ordenadores del gasto público.

Antecedentes penales y disciplinarios de los exfuncionarios de Daniel Quintero

Los procesos contra los exfuncionarios no son nuevos. En octubre de 2024, la Fiscalía General de la Nación imputó a Diana Paola Toro Zuleta por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en relación con un contrato suscrito en 2020 por 21.000 millones de pesos con Metroparques, el cual habría sido ejecutado presuntamente por una empresa privada, sin la debida transparencia.

Por su parte, Jorge Liévano Ospina fue imputado en enero de 2024 por supuestas irregularidades en la gestión del programa de Presupuesto Participativo (PP) relacionado con actividades recreativas, también durante el año 2020.

En abril de 2025, la Personería Distrital de Medellín formuló pliego de cargos tanto contra Toro Zuleta como contra Liévano Ospina por las mismas contrataciones, al considerar que habrían incumplido los principios legales al optar por la contratación directa y no por licitación pública. La Personería también investiga una adición al convenio por 91.679.696 pesos, cuya justificación legal estaría en entredicho.

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