Precedente constitucional bajo la lupa: advierten abuso en la interpretación de la Sentencia T-248 de 2024

La Sentencia T-248 de 2024 de la Corte Constitucional, que protegió los derechos del pueblo indígena PirÔ ParanÔ frente a un proyecto REDD+ implementado sin consulta previa, estÔ siendo utilizada de forma errónea y, en algunos casos, abusiva, según denuncias recientes de expertos en derecho constitucional y ambiental.

Aunque la decisión judicial marcó un hito en la garantĆ­a de los derechos de las comunidades indĆ­genas, varios actores estarĆ­an invocando el fallo como un mecanismo para frenar de forma generalizada proyectos REDD+ —incluso aquellos que cumplen con los requisitos legales y cuentan con consentimiento indĆ­gena—.

ā€œEl problema no es la sentencia, sino su distorsión. Se ha convertido en un arma para bloquear cualquier intervención en territorios colectivos, sin anĆ”lisis de contexto ni verificación jurĆ­dicaā€, advierte el jurista Ricardo AndrĆ©s Giraldo Cifuentes, quien analizó el fenómeno en un artĆ­culo reciente.

¿Qué estÔ ocurriendo?

Entre los usos considerados abusivos de la sentencia se destacan:

  • Paralización arbitraria de proyectos REDD+ con base solo en la presencia de comunidades indĆ­genas, sin verificar si hubo consulta vĆ”lida.
  • Rechazo absoluto a intervenciones sostenibles aprobadas por las propias comunidades.
  • Aplicación mecĆ”nica del precedente, sin considerar las particularidades de cada caso.
  • Uso malintencionado del derecho de petición, con fines competitivos mĆ”s que de defensa de derechos.
  • Invocación indebida del nombre de universidades para dar apariencia de legitimidad a ciertas acciones legales.

Una advertencia sobre el precedente

Expertos subrayan que la Corte no prohibió los proyectos REDD+, sino que exigió garantías como el consentimiento libre, previo e informado. Aplicar el fallo como si fuera una prohibición general puede configurar abuso del derecho, una figura que se presenta cuando se instrumentaliza la ley para obtener ventajas indebidas.

ā€œLa defensa de los derechos indĆ­genas es fundamental, pero no puede usarse para obstaculizar iniciativas legĆ­timas ni desvirtuar la jurisprudenciaā€, concluyó Giraldo.

Publicar comentario