Precedente constitucional bajo la lupa: advierten abuso en la interpretación de la Sentencia T-248 de 2024

La Sentencia T-248 de 2024 de la Corte Constitucional, que protegió los derechos del pueblo indígena Pirá Paraná frente a un proyecto REDD+ implementado sin consulta previa, está siendo utilizada de forma errónea y, en algunos casos, abusiva, según denuncias recientes de expertos en derecho constitucional y ambiental.

Aunque la decisión judicial marcó un hito en la garantía de los derechos de las comunidades indígenas, varios actores estarían invocando el fallo como un mecanismo para frenar de forma generalizada proyectos REDD+ —incluso aquellos que cumplen con los requisitos legales y cuentan con consentimiento indígena—.

“El problema no es la sentencia, sino su distorsión. Se ha convertido en un arma para bloquear cualquier intervención en territorios colectivos, sin análisis de contexto ni verificación jurídica”, advierte el jurista Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes, quien analizó el fenómeno en un artículo reciente.

¿Qué está ocurriendo?

Entre los usos considerados abusivos de la sentencia se destacan:

• Paralización arbitraria de proyectos REDD+ con base solo en la presencia de comunidades indígenas, sin verificar si hubo consulta válida.
• Rechazo absoluto a intervenciones sostenibles aprobadas por las propias comunidades.
• Aplicación mecánica del precedente, sin considerar las particularidades de cada caso.
• Uso malintencionado del derecho de petición, con fines competitivos más que de defensa de derechos.
• Invocación indebida del nombre de universidades para dar apariencia de legitimidad a ciertas acciones legales.

Una advertencia sobre el precedente

Expertos subrayan que la Corte no prohibió los proyectos REDD+, sino que exigió garantías como el consentimiento libre, previo e informado. Aplicar el fallo como si fuera una prohibición general puede configurar abuso del derecho, una figura que se presenta cuando se instrumentaliza la ley para obtener ventajas indebidas.

“La defensa de los derechos indígenas es fundamental, pero no puede usarse para obstaculizar iniciativas legítimas ni desvirtuar la jurisprudencia”, concluyó Giraldo.