Petro y Vargas Lleras chocan por elección de magistrado en la Corte Constitucional

La elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional volvió a enfrentar al presidente Gustavo Petro y al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, en medio de acusaciones cruzadas sobre la intención del mandatario de consolidar una mayoría en el alto tribunal.

Un pulso político por la Corte

Vargas Lleras, quien desde hace meses viene alertando sobre los intereses del Gobierno en la Corte, aseguró que Petro “se quitó la máscara” al reconocer, a través de un mensaje en la red social X, que la elección del nuevo magistrado definirá el futuro de las alianzas en el Congreso.

“La elección de la nueva magistrada o magistrado definirá todo el cuadro de alianzas en el Congreso de la República. No podemos ceder a quienes han apoyado el fascismo”, escribió Petro, en una publicación que fue interpretada como una advertencia política.

El exvicepresidente respondió que el jefe de Estado busca un tribunal afín a su mandato para dar soporte jurídico a sus decisiones. “Gravísimas consecuencias pudieran derivarse de entregar el control de esta corporación a Petro y sus aliados. Todo puede ocurrir, desde la modificación del calendario electoral hasta la vulneración de nuestro régimen democrático”, señaló Vargas Lleras en una columna de opinión en El Tiempo.

Balanta o Camargo, la disputa en el Congreso

El Gobierno impulsa la candidatura de la jurista María Patricia Balanta, quien cuenta con el respaldo abierto del ministro del Interior, Armando Benedetti. En contraste, sectores de derecha, centroderecha e independientes respaldan a Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo.

Actualmente, tres magistrados de la Corte llegaron con el apoyo del presidente Petro: Vladimir Fernández, Héctor Carvajal y Miguel Polo. A ellos se suman los votos habituales de Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel. Según cálculos de sectores de oposición, si Balanta es elegida, el Gobierno aseguraría seis votos a su favor en el tribunal.

La posibilidad de una mayoría cercana a Petro despierta temores en la oposición sobre un eventual uso del tribunal para respaldar medidas excepcionales, como la declaratoria de conmoción interior, que podrían incluso afectar el calendario electoral de 2026.

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