Petro levanta el Estado de conmoción interior en el Catatumbo

El presidente Gustavo Petro levantó oficialmente el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo y municipios del sur del Cesar, medida que había sido decretada en enero de 2025 para hacer frente a una grave crisis de orden público provocada principalmente por el accionar del ELN. Sin embargo, aunque el estado de excepción terminó, el Gobierno decidió extender por 90 días la vigencia de 11 decretos legislativos expedidos durante dicho periodo, con el argumento de que son necesarios para mitigar los efectos del conflicto en la población.

Entre los decretos prorrogados hay medidas de apoyo directo al sector agropecuario, sustitución de cultivos ilícitos, protección de tierras y territorios, reactivación del turismo, y garantías de servicios básicos como agua potable y transporte. El más destacado es el que establece pagos mensuales a campesinos que se acojan a la erradicación voluntaria de coca, en busca de cumplir con la meta de 25.000 hectáreas erradicadas y obtener la certificación de lucha antidrogas por parte de Estados Unidos.

¿Una buena o mala decisión del Gobierno?

Desde el punto de vista jurídico, levantar el estado de conmoción sin derogar sus decretos plantea una tensión con el espíritu mismo de las medidas excepcionales: estas se justifican por una situación de anormalidad que, en teoría, ha cesado. Prorrogar su vigencia podría interpretarse como una forma de mantener poderes extraordinarios sin el escrutinio parlamentario o judicial que se exige para estos casos, aunque el Gobierno asegura que se trata de medidas necesarias para consolidar la estabilización.

El enfoque del Gobierno parece buscar una transición desde el estado de excepción hacia una intervención estructural prolongada en la región, algo que rompe con la lógica habitual de las conmociones interiores, que son temporales por definición. Este modelo de “persistencia de decretos” sin conmoción levanta preguntas sobre la legalidad de su aplicación y la supervisión institucional que debería acompañar su implementación. El Congreso, que fue omitido en esta extensión, podría intervenir si considera que se ha vulnerado la separación de poderes.

En la práctica, Petro apuesta por consolidar su presencia en una región históricamente golpeada por el conflicto, con una batería de políticas sociales y de seguridad que buscan reducir la dependencia de la coca y fortalecer la presencia estatal. No obstante, el desafío será demostrar que estas medidas funcionan sin los poderes excepcionales de la conmoción y con transparencia suficiente como para no ser vistas como una estrategia de control territorial sin el debido debate democrático.

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