Petro impulsa comités ciudadanos por el “sí” en consulta popular

Desde Soledad, Atlántico, el presidente Gustavo Petro dio inicio a una nueva estrategia para salvar parte de su agenda reformista: los comités ciudadanos por el “sí”. Estos espacios, promovidos desde la misma Casa de Nariño aunque presentados como autónomos, tienen como objetivo preparar el terreno para una consulta popular en la que el Gobierno espera aprobar 12 preguntas clave relacionadas, principalmente, con temas laborales. La meta: alcanzar al menos 13,6 millones de votos que validen jurídicamente el mecanismo.

Los comités son instancias de movilización ciudadana, pero también de pedagogía. Según la Presidencia, su función es “impulsar el voto afirmativo como una apuesta por las transformaciones sociales que requiere el país, las trabajadoras y los trabajadores”. En los hechos, se trata de una red organizada por el Ejecutivo, que apunta a consolidarse en los 32 departamentos del país y en cada una de las más de 60.000 juntas de acción comunal. El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha dejado claro que cada una de estas juntas debería contar con su propio comité promotor.

¿Están permitidos estos comités?

Pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha avalado de forma oficial los comités —requisito para que comiencen legalmente las campañas—, el Gobierno ya ha comenzado a marcar la pauta política y territorial. El presidente Petro no solo ha encabezado eventos para lanzar estos espacios, sino que también ha confrontado a líderes del Congreso como Efraín Cepeda, a quien responsabiliza del hundimiento de su reforma laboral. La tensión institucional es evidente, especialmente con el Congreso, que todavía debe decidir si aprueba o no la realización de la consulta.

El despliegue de estos comités, sin embargo, no está exento de riesgos. Desde el punto de vista jurídico, hay quienes cuestionan si el Gobierno está impulsando de forma prematura una campaña sin cumplir aún los pasos legales. Desde lo político, esta estrategia podría agravar la división entre el Ejecutivo y el Legislativo, a la vez que profundiza la polarización social en vísperas de las elecciones presidenciales de 2026. La comparación inevitable es con la fallida Consulta Anticorrupción de 2018, que si bien tuvo amplio respaldo ciudadano, no logró superar el umbral necesario.

En medio de un ambiente cargado de tensiones, acusaciones cruzadas y un Congreso con posturas divididas, los comités ciudadanos por el “sí” se convierten en una de las cartas más fuertes del Gobierno para sostener su narrativa reformista. La gran incógnita es si logrará movilizar los votos necesarios sin que el proceso se vea afectado por la judicialización, el rechazo político o el desgaste social que ya empieza a hacerse evidente.

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