Petro anuncia acción penal contra Álvaro Leyva por acusaciones

El presidente Gustavo Petro anunció en la madrugada del 7 de mayo que presentará ante la Fiscalía General de la Nación pruebas de una presunta sedición por parte del excanciller Álvaro Leyva. A través de su cuenta en X (antes Twitter), el mandatario aseguró que Leyva está liderando un intento de desestabilización en colaboración con fuerzas de ultraderecha y con el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart. Según Petro, el plan busca forzar su salida anticipada de la Presidencia de la República.

El anuncio se da en medio de una creciente tensión política entre el Gobierno y varios sectores de oposición, en particular después de que Leyva publicara una nueva carta en la que acusa al presidente de padecer un problema de adicción y de estar incapacitado para gobernar. En la misiva, el exministro sostiene que Petro debe abandonar su cargo, alegando que su “desaparición” durante un viaje en París fue una muestra de su supuesta condición.

Durante un acto con aprendices del Sena en la Plaza de Bolívar, Petro arremetió contra Leyva, a quien calificó de “viejo loco” y afirmó que las acusaciones no eran meros rumores, sino parte de un complot internacional. Según el presidente, el congresista Díaz-Balart habría liderado una reunión con el propósito de desestabilizar su Gobierno, lo que constituye una amenaza para la democracia colombiana. En ese contexto, advirtió que, de concretarse ese plan, podría estallar una “revolución colombiana”.

Un problema que esta escalando

La situación también provocó una respuesta del propio Díaz-Balart, quien respondió con dureza a Petro, cuestionando su salud mental y sugiriendo que el mandatario estaría bajo la influencia de sustancias. El congresista republicano incluso le recomendó programas de rehabilitación, lo que elevó aún más el tono del enfrentamiento internacional.

Desde una mirada imparcial, el cruce de acusaciones refleja el grave deterioro del diálogo político en Colombia y una creciente personalización del conflicto entre el presidente y sus antiguos aliados. Que un exfuncionario de alto perfil acuse al jefe de Estado de adicción, y que el mandatario responda con señalamientos de sedición e injerencia extranjera, marca un punto crítico en la narrativa política. El uso de redes sociales para denunciar presuntas conspiraciones o emitir juicios de salud mental debilita el debate democrático y exige que las instituciones actúen con mesura y base en pruebas, no solo en declaraciones públicas. 

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