Al menos 2,3 millones de colombianos tendrían que cambiar de EPS en los próximos seis meses

Un análisis técnico del observatorio Así Vamos en Salud advierte que, con la entrada en vigor del Decreto 858 de 2025 y la Resolución 1789 de 2025, aproximadamente 2,3 millones de afiliados al sistema de salud colombiano (equivalente al 4,4 % de la población afiliada) podrían verse obligados a migrar de una Entidad Promotora de Salud (EPS) a otra durante los próximos seis meses.

¿Por qué ocurriría este cambio?

Las nuevas disposiciones reorganizan el aseguramiento en 10 regiones y 119 subregiones funcionales, con criterios territoriales para la habilitación de EPS que reducirían las opciones disponibles para muchos usuarios.
Con esto, se perdería el derecho a la libre elección: los usuarios no elegirán su nueva EPS, sino que serán reasignados por el Gobierno nacional conforme a los criterios establecidos.

Riesgos señalados para el sistema y los usuarios

Varios actores del sector levantan alertas sobre posibles efectos adversos:

• La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) advirtió que esta transición podría generar un deterioro de la atención, al sobrecargar las redes receptoras y comprometer la continuidad de tratamientos para pacientes con enfermedades crónicas o de alto costo.
• Usuarios podrían enfrentar interrupciones o demoras en sus tratamientos si la EPS receptora no cuenta con infraestructura, especialistas o contratos adecuados.
• Las EPS medianas serían las más afectadas: algunas deberán ceder porcentajes significativos de su afiliados. Por ejemplo, Cajacopi tendría que ceder alrededor del 30,5 % de su población afiliada.
• Se genera incertidumbre porque aún no está claro cómo se realizará la reasignación, quién responderá por fallas operativas y qué mecanismos de control habrá.

Posibles ganadores y perdedores

• La Nueva EPS se perfila como destino probable de buena parte de los traslados, pues tiene actualmente la mayor cantidad de afiliados y no estaría obligada a ceder población.
• Las EPS que pierdan afiliados enfrentarán menores ingresos y presiones financieras, mientras otras podrían verse desbordadas si reciben más población de la que pueden asumir sin incremento proporcional de recursos y redes.

La continuidad del acceso a servicios de salud para usuarios con enfermedades de base.
La confianza ciudadana en el sistema de salud: reasignaciones forzadas sin transparencia podrían generar reclamos, tutelas y litigios en masa.

La capacidad operativa de EPS receptoras y prestadores para adaptarse en plazos cortos.
Las responsabilidades políticas y técnicas frente a posibles errores en la reasignación o impactos adversos en salud.

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